Omnibus: cuenta atrás para la rebaja en las exigencias de transparencia a las empresas

El conocido como paquete Omnibus I, que incluye la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (Csdr), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (Csddd) y la Taxonomía Europea, está listo para su aprobación en la próxima sesión plenaria del Parlamento Europeo (PE).

Así lo ha confirmado en un comunicado el propio Parlamento Europeo, tras el acuerdo a tres bandas entre la Comisión, el Consejo y el PE. Según el acuerdo, definido oficialmente como “informal” hasta que sea refrendado, la Csdr sólo exigirá la presentación de informes sociales y medioambientales a las empresas de la Unión Europea (UE) que empleen de media a más de 1.000 personas y tengan una facturación anual neta superior a 450 millones de euros.

El umbral de facturación neta para empresas no pertenecientes a la UE también se ha elevado a 450 millones de euros generados en la UE para fines de información sobre sostenibilidad. Esto supone una reducción de entre el 85% y el 90% en el número de empresas impactadas por estas tres directivas sobre información sobre sostenibilidad, due diligence y taxonomía.

Por lo que respecta a la Csddd, sólo las empresas de más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta anual se verán obligadas a cumplir la legislación sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial. La Comisión Europea estima que el impacto de la Omnibus I en el ahorro de costes para las empresas de la Unión Europea alcanzará los 4.500 millones de euros. “Lo que les permitirá centrarse en sus negocios y competitividad y no en la burocracia”, fuentes de la Comisión.

El diputado del Partido Popular Europeo por Suecia, Jörgen Warborn, ponente del llamado paquete Omnibus I sobre sostenibilidad, ha declarado: “Hemos logrado un compromiso muy bueno. Estamos haciendo que las normas de sostenibilidad sean más fáciles de cumplir, reduciendo históricamente los costes para las empresas y aun así cumpliendo con los ciudadanos europeos. Es una victoria para la competitividad y una victoria para Europa”.

Por otro lado, el texto acordado libera a las empresas sujetas a las normas revisadas de diligencia debida de la necesidad de preparar un plan de transición para hacer su modelo de negocio compatible con el Acuerdo de París. Seguirán siendo responsables a escala nacional, pero no a escala de la Unión Europea (UE). Se rebaja también la cuantía de las multas a las que podrían enfrentarse en caso de incumplimiento hasta el 3% de la facturación neta mundial de la empresa, con directrices proporcionadas por la Comisión y los Estados miembros.

En la rueda de prensa ofrecida por el eurodiputado Jörgen Warborn y el Ministro de Industria, Empresa y Asuntos Financieros de Dinamarca, Morten Bodskov, ambos han definido el acuerdo como “un gran paso para la competitividad y el crecimiento de las empresas de la Unión Europea”. “Hemos estado demasiado tiempo pensando que mayor complejidad en la regulación en materia de sostenibilidad iba a significar una mayor generación de ‘empleos verdes’. Pero ahora sabemos que es precisamente todo lo contrario”.

“Las inversiones en sostenibilidad y renovables están abandonando Europa, por culpa de la excesiva burocracia y la complejidad de nuestra legislación”, continúa el Ministro danés de Industria. “No estamos dilapidando los objetivos medioambientales, estamos simplificando la manera de cumplirlos”, respondiendo así a quienes ven en esta rebaja de condiciones un retroceso en materia de sostenibilidad, que se agrava con un nuevo   retraso en la aplicación de las directivas de sostenibilidad por parte de las empresas, que se fija ahora en 2029.

El calendario de la Omnibus I queda de la siguiente manera: el 11 de diciembre tiene que someterse a la aprobación por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos. De forma que previsiblemente el próximo 16 de diciembre se votará en la sesión plenaria del Parlamento Europeo, donde se espera que obtenga un “apoyo mayoritario”, después de este acuerdo informal entre las tres partes: Comisión, Parlamento y Consejo.