Bruselas, a por un segundo Ómnibus: reduce las empresas sujetas al ‘reporting’ sostenible

Bruselas acuerda una menor regulación sostenible. A mediados de semana, la eurocámara ha conseguido llegar a un acuerdo de posición con el Partido Popular Europeo, el principal partido de la eurocámara, y el Partido de Socialistas Europeos, la segunda mayor fuerza, sobre un segundo paquete Ómnibus. La principal modificación afecta a la norma sobre ‘reporting’ sostenible.

En este recorte, avanzado por Reuters, uno de los cambios principales pasa por aplicar la Directiva sobre Información Corporativa en materia de Sostenibilidad (Csrd, por sus siglas en inglés) únicamente a empresas con 5.000 o más empleados y una facturación mínima de 1.500 millones de euros. En su texto inicial, la normativa incluía a empresas con más de 1.000 empleados y una facturación superior a los 450 millones de euros.

Se espera que la ley entre en vigor 2027, después de que el Parlamento Europeo aprobase ya en abril un aplazamiento de las fechas de aplicación de la ley. La norma consiguió entonces dos años de prórroga, mientras que la otra directiva afectada, la conocida como Due Diligence, se prorrogó un año en su aplicación.

La ley entrará en vigor en 2027, después de que el Parlamento Europeo aprobase un aplazamiento 

Las normas de diligencia debida están enfocadas a obligar a las empresas a mitigar su impacto negativo sobre las personas y el medioambiente en su cadena de valor, es decir, más allá de su ámbito de acción directo. Los estados miembros disponen hasta el 26 de julio de 2027 para incorporarlas a sus legislaciones nacionales.

Se trata de otro paso atrás por parte de la Unión Europea en materia de sostenibilidad. A finales de junio, la Comisión Europea también anunció que retiraba su propuesta legislativa encaminada a luchar contra la posibilidad de que las empresas lanzaran afirmaciones engañosas sobre cualidades medioambientales de sus productos.

La directiva cancelada se centraba en las alegaciones medioambientales explícitas, las expresadas en forma de texto o contenidas en una etiqueta ambiental, y las etiquetas medioambientales. El objetivo era establecer los requisitos mínimos para la justificación, comunicación y verificación de las alegaciones. 

Ahora, el texto acordado entre la eurocámara y las dos principales fuerzas comunitarias deberá someterse a una votación en la Comisión de Asuntos Jurídicos y otra en el pleno de la eurocámara, para, finalmente, negociar el texto a finales del año.