Nueva luz verde a la simplificación sostenible en Bruselas: la eurocámara vota a favor

Nuevo paso adelante en la simplificación legislativa sostenible. Después del revés protagonizado a finales de octubre por los representantes parlamentarios europeos, la eurocámara ha aprobado su nuevo posicionamiento respecto al paquete Ómnibus, el paquete de medidas impulsado en Bruselas para reducir la carga sostenible de las empresas europeas. El texto se ha vuelto a alinear con la posición de la Comisión Europea, que buscaba retrasar la implementación y reducir el número de empresas afectadas.

“La votación de hoy demuestra que Europa puede ser a la vez sostenible y competitiva”, ha explicado Jörgen Warborn, eurodiputado del grupo popular y representante de la comisión de asuntos jurídicos dentro de la cámara. Warborn ha aclarado que, con el nuevo texto aprobado hoy, se simplificarán las normas, reducirán costes y proporcionará a las empresas “la claridad que necesitan para crecer, invertir y crear puestos de trabajo competitivos”.

La posición aprobada hoy, que se ha saldado con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones, pone un nuevo marco en dos de las principales normas legislativas que iban a tener que acatar las empresas. Por un lado, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Csrd, por sus siglas en inglés), afectará ahora únicamente a las compañías con más de 1.750 trabajadores y un volumen de negocio de 450 millones de euros.

La eurocámara negociará a partir del 18 de noviembre con la Comisión europea

“Los estándares de reporting se simplificarían y reducirían aún más, exigiendo menos detalles cualitativos, y la información sectorial pasaría a ser voluntaria”, explica la eurocámara en una nota de prensa. Las pequeñas empresas, además, estarían “protegidas” de tener que aportar los mismos requisitos de información de sus socios comerciales, que no podrán solicitar más información que la marcada en los estándares voluntarios.

La segunda normativa afectada será la Due Diligence, que obliga a las compañías a hacerse responsables de su cadena de valor. En este caso, la posición del Parlamento Europeo indica que sólo se verán afectadas las empresas con más de 5.000 empleados y una facturación anual de 1.500 millones de euros.  

“En lugar de pedir información sistemáticamente a sus socios más pequeños, deberán utilizar aquella que ya está disponible, recurriendo a estos socios únicamente como última opción”, explica la eurocámara. De esta forma, el brazo legislativo de Bruselas pretende reducir el impacto de las transiciones que deben llevar a cabo las empresas para alinearse con los objetivos de descarbonización pactados en el Acuerdo de París.

Ahora, el Parlamento Europeo iniciará de nuevo el 18 de noviembre las negociaciones con los mandatarios de cada Estado miembro, representados en la Comisión europea. El objetivo pasa porque estas reducciones estén pactadas ya a finales de ejercicio en curso.