Cuenta atrás para la RAP: las alegaciones del sector al plan del Gobierno

Quedan cuatro días para que el sector dé su opinión sobre Real Decreto del Gobierno que debe regular la recogida y gestión del residuo textil en España. El próximo 4 de septiembre vence el plazo para presentar alegaciones al documento que marca la hoja de ruta de uno de los grandes cambios que han llegado al sector en los últimos años. Poco a poco, diferentes entidades han ido mostrando ya su punto de vista. ¿En qué se ha puesto de acuerdo el sector? En que a la mayoría no le gusta.

A principio del pasado julio, el Ministerio de Transición Ecológica sacó a exposición pública el Real Decreto para regular la responsabilidad ampliada del productor (RAP) en el textil en España, algo para lo que los gigantes del sector llevan años preparándose con la creación de Re-Viste, su propio Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Productor (Scrap).

En un primer momento, el Real Decreto no contentó a prácticamente nadie. De hecho, antes de la fase de exposición pública el Gobierno recibió ya 214 comentarios de 27 entidades o personas, como Arte, Re-viste, Gerescal, la Ceoe, Anged, el Consejo Intertextil Español (CIE) o la Generalitat de Catalunya a través de la Agència de Residus de Catalunya.

El plazo para presentar alegaciones al documento vence el próximo 4 de septiembre

Durante las últimas semanas, varias entidades han comenzado a hacer públicas las alegaciones que han hecho llegar al Gobierno. La más relevante de ellas es el Observatorio Textil y Moda, entidad que agrupa a las principales patronales del sector en España, así como a empresas como Inditex, Tendam o Mango. En su opinión, el texto “no favorece la coordinación del ecosistema en su conjunto y anticipa obligaciones que suponen una carga excesiva para el sector, dificultando el cumplimiento de los objetivos europeos e incluso generando efectos contrarios a los deseados”.

Las alegaciones presentadas por el Observatorio hacen referencia, por ejemplo, a que el texto del Real Decreto “no parece reconocer el valor de los residuos textiles y del calzado como fuente de reindustrialización, innovación y empleo”, a que “no se menciona en ningún momento a la industria como potencial receptora de las materias primas secundarias procedentes del reciclaje”, a que “no se proponen modelos operativos para los scrap que garanticen un suministro estable de residuos a medio y largo plazo, ni se contemplan medidas que aceleren dichas inversiones en permisos, financiación, construcción, puesta en marcha o desarrollo de mercado”.

La entidad destaca asimismo que “el texto aborda cuestiones de difícil justificación regulatoria, como la financiación retroactiva a administraciones locales desde la entrada en vigor del Real Decreto sin convenios previos”. A su juicio, “esta medida generaría una gran inseguridad jurídica al dificultar la determinación de los costes reales y podría desincentivar la implicación municipal”. “También plantea obligaciones como la de habilitar un espacio para la venta de productos reutilizados en establecimientos comerciales de más de 400 metros cuadrados, lo que afecta a la libertad de empresa, alterando modelos de negocio, estrategias empresariales y operativas de los puntos de venta, además de impactar negativamente en las entidades de la economía social”, agrega.

Según el Observatorio, el texto “no favorece la coordinación del ecosistema en su conjunto y anticipa obligaciones que suponen una carga excesiva para el sector”

Otra de las entidades que ha hecho público su posicionamiento y alegaciones al texto del Real Decreto es la recién constituida Asociación de Moda Ética y Sostenible (Ames), fundada por Gema Gómez, impulsora de Slow Fashion Next. Las alegaciones de Ames van en otra dirección e inciden en la falta de transparencia del modelo que generaría el texto.

Ames reclama, por ejemplo, que las marcas estén obligadas a publicar de forma individualizada sus datos de “volúmenes de prendas introducidas en el mercado y de excedentes no vendidos, para diferenciar fast fashion de modelos sostenibles”. Pone sobre la mesa también que los scrap sean “multipartes y transparentes” y que de los fondos del Scrap “al menos un 20% destinado a campañas de sensibilización, cofinanciación de reparaciones y apoyo a redes de reutilización, upcycling y tiendas solidarias”, si bien no detalla a qué Scrap hace referencia.

La entidad apuesta también por la introducción de “tasas ambientales para modelos de (ultra) fast fashion y un IVA Verde reducido al 10% para productos y servicios verificados como sostenibles”.

“El proyecto que propone el ministerio adolece de mecanismos de control y transparencia sobre la actuación del RAP”, ha denunciado Humana

Humana, otra de las partes implicadas en la operativa futuro de la recogida y gestión de residuos textiles, también se ha posicionado. “El Proyecto de Real Decreto del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por el que se regulan los productos textiles y de calzado y la gestión de sus residuos ha provocado un profundo malestar en la mayoría de los actores de la cadena de valor del textil”, ha señalado la entidad.

“Asumiendo que la legislación sobre residuos textiles presenta una complejidad considerable, sorprende que un Proyecto de Real Decreto que tiene por objeto regular la prevención y gestión de estos residuos incurra en un alejamiento tan evidente de la realidad operativa del sector, generando incoherencias normativas, aumentando la incertidumbre jurídica ya existente y abordando cuestiones ajenas a la finalidad ambiental que debería regir el texto”, agrega.

Según Rafael Mas, director de proyectos de la entidad, “nos preocupa profundamente la discrecionalidad otorgada al sistema de responsabilidad ampliada del productor, que pasará a tener poder estratégico sobre un mercado que ya funciona”. “El proyecto que propone el ministerio adolece de mecanismos de control y transparencia sobre la actuación del RAP, dejando en sus manos decisiones clave como la contratación, los criterios de selección y el destino final del residuo, sin garantías de supervisión pública -agrega-; el resultado será un modelo desequilibrado, muchísimo más caro, menos eficiente, e incluso alejado de las buenas prácticas ambientales”.

Humana ha instado al Gobierno a “revisar a fondo” el borrador, “reforzando su coherencia legal, su ambición ambiental y su compromiso con la economía circular, evitando crear un sistema que favorezca intereses particulares frente al interés general”. “El resultado es un modelo normativo asimétrico que penaliza a operadores como Humana, que desde hace casi cuatro décadas trabaja de un modo serio, con criterios ambientales y vocación social, al tiempo que abre la puerta a prácticas menos exigentes bajo el pretexto de la economía social”, denuncia Mas.