Real Decreto del Scrap: quién paga, cómo se articula y cómo se fiscalizará

Tras meses de espera y la formación de dos sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (scraps) que se adelantaron a la publicación de la normativa de responsabilidad ampliada del productor (RAP), el Real Decreto que ha dejado en vilo a la moda durante más de un año se publicó finalmente a principios de semana. ¿Quién debe financiar la recogida de residuos textiles de manera separada? ¿Cómo deberán ser los sistemas que se estructuren alrededor de este flujo? Y lo más importante, ¿cómo se asegurará el cumplimiento de estas nuevas responsabilidades que han sacudido al sector de la moda?

El texto deriva de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada hace ahora tres años y que emana, a su vez, de una directiva europea. El primer efecto de la norma española llegó a principios de este año, con la obligatoriedad de que las entidades locales lleven a cabo una recogida separada de los textiles y el calzado a principios de año. Pese a que es responsabilidad de los gobiernos locales, la obligatoriedad de financiar y organizar esta recogida es de las empresas del sector.

Finalmente, y pese a haber estado previsto para abril de este año, ha visto la luz el Real Decreto que, ahora sí, articulará y establecerá las obligaciones de las empresas del sector en la gestión de residuos. Las primeras instrucciones han llegado por fin a la moda.

El Real Decreto está ahora abierto a consulta pública hasta septiembre

El quién…

Bajo la idea de que “quién contamina paga” (una frase que se repite en diversas ocasiones en el Real Decreto), las marcas pasan a ser responsables de los productos que ponen en el mercado, incluso, después de que estos abandonen sus tiendas en las bolsas de los consumidores. El sector, sin embargo, había alzado la voz en diferentes ocasiones, preguntando, por ejemplo, qué pasaría con los operadores online o internacionales, y con la duda de si la ley acabaría por crear una ventaja competitiva a las compañías extranjeras.

Por el momento, el texto, que aún debe someterse a una consulta pública y posterior aprobación definitiva, ha establecido cuatro actores diferenciados, el primero, aquellas empresas establecidas en España y que comercialicen sus productos textiles o de calzado bajo su marca comercial. El texto aclara, además, que es indiferente si el diseño o producción se lleva a cabo por terceros, un punto clave teniendo en cuenta la naturaleza descentralizada de la cadena de valor del sector.

En este grupo entran, por lo tanto, las cadenas como Inditex, Mango o H&M, pero también los pequeños operadores que comercializan sus marcas propias. A día de hoy, sin embargo, tan solo los gigantes de la moda han empezado a organizarse alrededor de esta obligación, a través de la creación y puesta en marcha de Re-viste. Mediante este scrap, uno de los dos que están constituidos por el momento en España, las marcas financiarán sus nuevas responsabilidades hacia el residuo textil.

El texto contempla hasta cuatro actores diferentes obligados a financiar la recogida de residuos

El Real Decreto también menciona a los productores o distribuidores establecidos en España y que revendan con su marca comercial productos fabricados por otros productores, así como aquellos que introduzcan desde el exterior, ya sea un Estado miembro o un tercer país, productos que después son vendidos en el territorio.

El último actor mencionado por el texto hace referencia a una de las grandes demandas del sector, los operadores online. Según el Real Decreto, aquellas empresas que estén establecidas en otro Estado miembro (como sería, por ejemplo, Zalando) o un tercer país (es decir, como Shein o Temu) y vendan productos textiles o calzado a distancia, también están sujetos a la misma responsabilidad de financiación.

… y el cómo

La otra gran pregunta que se ha extendido en el sector en estos últimos meses es cómo se estructurarán estos pagos, es decir, el precio final que deberán pagar las empresas por cada artículo. En su primer borrador, el Real Decreto establece que será el peso lo que determinará la contribución financiera por las prendas y zapatos que pongan en el mercado, junto a, “cuando sea necesario”, la cantidad de dichos productos.

Además, esta cantidad se podrá modular en base a otros criterios de producción que el texto asocia con un modelo de negocio propio de la moda rápida, y que, denuncia, “lleva a la sobre generación de residuos”. Según los datos compartidos en el texto, cada habitante europeo genera al año once kilogramos de residuos textil, o seis millones de toneladas en el conjunto de la Unión Europea.

“Ello está íntimamente relacionado con el auge de la moda rápida o fast fashion, que ha hecho que se adquirieran y desechen productos, en especial, las prendas de ropa, a una velocidad mucho mayor y en muchos casos con una durabilidad o posibilidades de reparación reducidas, lo que está incrementando la generación de este tipo de residuos”, explica el Real Decreto, en una sentencia que recuerda a la ley francesa aprobada recientemente por el Senado y que busca limitar algunos modelos de negocio.

Los scraps deberán presentar un informe anual parafiscalizar su actividad durante el ejercicio

Estos factores incluyen tanto el tiempo y frecuencia de lanzamiento de productos diferentes como el número per se de los mismos. En el sentido contrario, el Real Decreto también contempla una modulación en función de características de ecodiseño, y que podrían reducir esta cantidad en el caso de que ayuden a la prevención y posterior trato del residuo.

Antes de llevar a cabo el cálculo de las tasas (que decidirá cada scrap respecto al coste de la gestión), el texto presenta una fórmula para garantizar la viabilidad financiera de las entidades, y que establece un pago de 0,10 por cada tonelada métrica de productos, multiplicado por el coste medio estimado de la gestión de los residuos. Este coste medio tiene en cuenta desde los costes de recogida y transporte, la clasificación, el tratamiento de los residuos, las campañas de sensibilización o el seguimiento del residuo por parte de las comunidades autónomas, entre otros.

Rendición de cuentas

Ante el nuevo paradigma regulatorio que inundará la moda, el Real Decreto establece ciertos mecanismos de control, seguimiento y supervisión de las nuevas obligaciones de los scraps, así como las sanciones derivadas de su incumplimiento. La principal tarea de un scrap como Re-viste pasa por organizar los sistemas de recogida, pero también incluyen otras obligaciones en materia de financiación e información sobre los procesos.

En aquellos procesos que impliquen la participación de las administraciones públicas, los scraps deberán llevar a cabo convenios públicos, frente a los acuerdos a los que podrán llegar en el resto de los escenarios. Anualmente, además, las entidades deberán presentar un informe a una comisión de coordinación y que incluirá información sobre la gestión y las empresas asociadas al scrap.

Estos datos, que no se harán públicos para proteger la estrategia de cada compañía, incluyen desde el peso en toneladas métricas o número total de artículos, la capacidad de recogida instalada en ese momento o la cuota de cada agente en los procesos de recogida y selección, entre otros.

Esta auditoría anual, además, también servirá como un análisis financiero del scrap, ya que deberá incluir una justificación de los gastos del sistema de recogida establecido, un informe de pagos a ofertas entidades a las que se ha externalizado los procesos o el procedimiento para fijar la cuota de adhesión al organismo.

Este tipo de informes ya los presenta, por ejemplo, Refashion en Francia, y que permite conocer la capacidad real de la gestión del residuo textil de la entidad. En el caso francés, sin embargo, el organismo es el único scrap que opera en el país, frente a los dos que ya están operativos en España, y hasta un tercero que se está poniendo en funcionamiento.