Ley anti Shein a la italiana: la ‘Repubblica’ contra el ‘ultra fast fashion’

En el Palazzo Madama, en Roma, Italia, sede gubernamental del Senado italiano, se ha dado en el último mes una situación similar a la que hace un año sucedía en los pasillos de la Asamblea Nacional francesa, y que en poco tiempo ha derivado en la primera legislación europea en contra de la moda ultra rápida. La ley anti Shein, como se bautizó rápidamente al texto por sus alusiones directas al modelo de negocio del gigante asiático, se aprobó finalmente en junio de este año. Ahora, ya tiene su primer reflejo en Europa.

“Si estás de acuerdo con la ley Agec, la normativa Climat o la ley francesa contra la moda rápida, Italia combina ahora las tres en un nuevo proyecto de ley presentado en el Senado italiano”, avanzaba hace unos días Baptiste Carriere-Pradal, director del lobby europeo Policy Hub y cofundador de la consultora europea 2B Policy, en una comparación con la batería de leyes que Francia ha puesto en marcha para reducir el impacto medioambiental de la moda, a la vez que proteger las empresas nacionales.

La norma italiana, presentada por el político conservador Gianluca Cantalamessa, de la Liga, y a la que han tenido acceso varios medios del país, tiene el objetivo de regular el fenómeno de la moda rápida, o, en otras palabras de “la producción y comercialización masiva de prendas de vestir de bajo coste y renovación constante”, que, explica ejerce una presión creciente sobre el medioambiente, la industria manufacturera europea y los derechos de los consumidores.

El proyecto de ley anti Shein llegó al Senado italiano a finales de octubre

A través de diez artículos, el texto introduce medidas como un etiquetado ambiental para las prendas, la prohibición o limitación de la publicidad o una serie de impuestos ecológicos relacionados directamente con el volumen de producción. ¿Cómo es la nueva ley anti Shein a la italiana?

¿A quién afecta?

Igual que sucedió con el primer texto galo que llegó a la Asamblea Nacional, la posible futura normativa italiana hace referencia directa a los grandes operadores asiáticos, que, denuncia, “están invadiendo el mercado europeo con prendas de vestir, calzado y accesorios de baja calidad y una corta vida útil”. “Shein, por ejemplo, ofrece un número de referencias más de 900 veces superior al de una marca italiana tradicional, promoviendo un consumo en serie e insostenible”, relata el texto divulgado por la prensa del país.

La propuesta de ley italiana también destaca que, entre los principales operadores de este modelo económico, se encuentran plataformas internacionales no europeas”. Junto a Shein, la propuesta de Cantalamessa hace referencia directa también a Temu o AliExpress.

A pesar de mencionar compañías concretas, el texto italiano que ha llegado al Senado no entra en especificar los parámetros para considerar si una empresa es de moda ultra rápida, o no. Este fue precisamente uno de los puntos más polémicos de la ley francesa, que en su viaje por los diferentes órganos gubernamentales fue reduciendo sus ambiciones de clasificación poco a poco.

En el ejemplo italiano, el artículo dos del texto establece que será el Ministerio de Medio Ambiente del país el que, periódicamente, “establecerá los umbrales cuantitativos y cualitativos para la clasificación de las prácticas de moda ultra rápida. Todo, con el apoyo del Ministerio de Empresa y Made in Italy.

Será el Gobierno italiano quién determinará qué criterios seguir para optar a una clasificación medioambiental u otra

¿Qué implica?

La propuesta de ley impulsada por Cantalamessa se articula a través de cuatro propuestas principales. La primera, una normativa de etiquetado de las prendas en base a una clasificación de la A (siendo los artículos de mínimo impacto) a la E (las de mayor impacto).

En base a esta clasificación se articularán el resto de las regulaciones que contempla la propuesta de ley, como son las limitaciones publicitarias o las penalizaciones ficales. Por un lado, el artículo cuatro hace referencia a las obligaciones de información y comunicación medioambiental, así como la prohibición de publicidad y promoción comercial de las compañías con una clasificación de D o E.

“También se prohíbe el uso, con fines promocionales, del término ‘gratis’ o expresiones equivalentes que induzcan al consumidor a percibir un acceso ilimitado, irresponsable o compulsivo de los productos textiles”, replican varios medios citando al texto. La prohibición hace referencia, añade la propuesta de ley, tanto a los canales propios de las empresas como a las actividades de los influencers, y su incumplimiento, podría comportar una sanción de hasta 100.000 euros, relatan medios del país.

Entre otros de los artículos destacados, las empresas también deberán aumentar la información que proporcionan sobre los productos, incluyendo, por ejemplo, el país de procedencia de los mismos, así como la instauración de un “impuesto ecológico”. Este se aplicará a los paquetes de menos de dos kilogramos y que contengan productos textiles provenientes de países de fuera de la Unión Europea, considerados de “alto impacto”, con un importe sin determinar, y que deberá marcar el Ministerio de Economía del Gobierno junto a la cartera de Industria y Comercio.

Próximos pasos

“Un senador de la mayoría gubernamental ha propuesto el decreto ley, que ahora deberá pasar por el proceso legislativo italiano”, explica Carriere-Pradal en su red social de LinkedIn. Las consecuencias, prosigue, afectarán a las empresas que venden moda en Italia, pero también marcarán parte de la estructuración de otras leyes sostenibles que se están aprobando en el país.

El proyecto de ley, además de ambicioso, prevé también un timing ajustado. “Quedan muchas preguntas en el aire, y aún está por ver cómo se calculará esta puntuación medioambiental y su relación con la Huella Ambiental de Producto (PEF, por sus siglas en inglés) europea para el sector de la moda”, explica el cofundador de la consultora. “A Francia, y Europa, les ha llevado años desarrollar este sistema, y la nueva normativa italiana prevé que la ley entre en vigor tan pronto como el 1 de enero de 2026”, añade.