Cataluña sale al rescate de los ayuntamientos en la gestión del residuo textil
Un organismo de la Generalitat ha elevado de 10 euros a 50 euros la compensación que los consistorios reciben por tonelada de residuo textil, buscando aliviar la presión generada por el retraso en la entrada en vigor de la RAP.
La Generalitat de Catalunya, al rescate de los ayuntamientos de la comunidad autónoma en la gestión de los residuos textiles. La Junta de Govern per als Residus Municipals ha dado luz verde a un aumento de la compensación que reciben los consistorios, que se incrementará en 40 euros por tonelada. Con esta medida, la Generalitat hace frente al retraso en la entrada en vigor del Decreto Ley de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP).
En concreto, el organismo autonómico ha aprobado un aumento en el retorno del impuesto sobre el vertido y la incineración destinado a los entes locales por la recogida selectiva de residuos textiles. La compensación pasará de 10 euros por tonelada a 50 euros por tonelada a partir de 2026, si bien los municipios entre 5.000 y 50.000 habitantes percibirán 64 euros por tonelada y los de menos de 5.000 habitantes lograrán 75 euros por tonelada, el máximo previsto.
La medida se ha impuesto con carácter temporal, hasta que el Gobierno dé luz verde al Decreto Ley que debe regular la recogida y gestión de los residuos textiles en España. Este Decreto Ley debía haber visto la luz en 2025, pero no se prevé que entré en vigor hasta mediados de 2026.
Cataluña ha impuesto una medida de carácter temporal hasta que el Gobierno dé luz verde al Decreto Ley de la RAP
Sílvia Paneque, consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, ha señalado que la medida quiere “dar impulso al mundo local y aliviar la presión económica sobre las empresas gestoras que operan en la recogida y el tratamiento del textil”.
Desde enero de 2025, los ayuntamientos están obligados a gestionar la recogida de residuos textiles, fruto de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La entrada en vigor del Decreto de la RAP debe regular la participación del sector privado, haciendo responsables a los productores de sus residuos.
No sólo los ayuntamientos se encuentran en situación de colapso. En octubre, Roba Amiga, uno de los principales actores de la recogida separada del textil en Cataluña, alertó de la situación de crisis que afrenta el sector. La cooperativa hizo referencia al incremento del volumen de residuo textil en Cataluña, España y Europa, como principal consecuencia.
Tras la apertura a exposición pública del borrador del Decreto Ley de la RAP, el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) recibió más de 1.200 alegaciones. El Gobierno debe revisar todas las alegaciones recibidas y valorar si lleva a cabo una modificación del texto.