Entorno

La RAP se atrasa: el Gobierno recibe más de 1.200 alegaciones al Real Decreto

Pese a las esperanzas del sector de contar con una normativa definida a principios de 2026, el aluvión de alegaciones que ha recibido el texto del Real Decreto de la gestión y recogida de residuos deja en vilo su puesta en marcha.

La RAP se atrasa: el Gobierno recibe más de 1.200 alegaciones al Real Decreto
La RAP se atrasa: el Gobierno recibe más de 1.200 alegaciones al Real Decreto
El Gobierno debe revisar todas las alegaciones recibidas y valorar si lleva a cabo, o no, una posible modificación del texto.

Celia Oliveras

El tan esperado Real Decreto del Gobierno para regular la recogida y gestión del residuo textil sigue atascado. Pese a las esperanzas del sector de contar con una normativa cerrada y que defina la responsabilidad ampliada del productor (RAP) de las empresas para, como tarde, principios de 2026, el texto ha recibido un aluvión de más de un millar de alegaciones que retrasa, de nuevo, el avance de una normativa a la que ya le empieza a pisar los talones la legislación europea.

 

Según fuentes del sector, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), la cartera encargada de redactar y sacar a exposición pública el Real Decreto, ha recibido más de 1.200 alegaciones al texto entre su publicación en julio y principios de septiembre, periodo que estableció el ministerio para escuchar el punto de vista de la moda sobre el borrador.

 

Esta avalancha de exposiciones comenzó, de hecho, incluso antes de su publicación, con más de dos centenares de entidades como Arte, Re-viste, Gerescal, la Ceoe, Anged, el Consejo Intertextil Español (CIE) presentando comentarios en base al borrador inicial compartido por Miteco con las organizaciones. Una vez que el periodo ya ha finalizado, la principal protesta pasa por la falta de comunicación entre el Gobierno y las entidades, que, denuncian fuentes del sector, “no se ha sentado a conversar con ellas”.

 

 

 

 

Según han explicado fuentes del ministerio a Modaes, ahora, el Gobierno debe revisar todas las alegaciones recibidas y valorar si lleva a cabo, o no, una posible modificación del texto. Una vez se haya llevado a cabo este examen, el texto debe pasar por una fase de tramitación administrativa y aprobarse formalmente. Finalmente, el último paso llega con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras lo cual entrará en vigor.

 

Con todavía estos plazos por delante, es previsible que la normativa no entre en vigor a finales de este año o principios de 2026, tal y como han reclamado en diferentes ocasiones las empresas y entidades del sector. Además, las empresas del sector llevan años organizándose y llevando a cabo inversiones con la creación de Re-viste o Gerescal, que ya incluso han empezado a poner en funcionamiento los primeros modelos de recogida propia, mientras los ayuntamientos han debido hacer frente a la recogida desde el pasado enero, cuando entró en vigor la obligatoriedad para la recogida separada de los textiles.

 

La cuenta atrás para contar con una normativa estatal que legisle la responsabilidad de las compañías de moda sobre su residuo, sin embargo, ya ha comenzado. El texto deriva de la Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, aprobada hace ahora tres años y que emana, a su vez, de una directiva europea. A finales de septiembre, el Parlamento europeo aprobó definitivamente la actualización de dicha directiva marco de residuos de la Unión Europea, normativa que sella finalmente la RAP para el sector de la moda.

 

Según revela el texto, que modifica la anterior normativa y señala por primera vez a textil y moda como un sector prioritario en la gestión de residuos, los Estados deben trasponer en un periodo de tiempo determinado la norma a las legislaciones de cada país.

 

En el artículo segundo de la directiva, publicado también en BOE, de hecho, fecha en el 17 de junio de 2027 la fecha máxima con la que cuenta cada Estado miembro para poner en vigor “las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a la norma”. En paralelo, los Gobiernos también deberán asegurar la conformación de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor, o scraps.