Bruselas, en el punto de mira de las organizaciones medioambientales por el Paquete Ómnibus

Bruselas, en el punto de mira del activismo medioambiental. Una agrupación de siete organizaciones sin ánimo de lucro ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo Europeo por la reducción de las obligaciones medioambientales a las empresas.

En una carta difundida por todas las entidades, han calificado al denominado como Paquete Ómnibus “antidemocrático, poco transparente y apresurado”. La queja va dirigida a la Comisión Europea, la encargada de sacar adelante el paquete de medidas, que comporta principalmente retrasar la entrada en vigor de la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad y la Due Diligence.

“Esta propuesta se elaboró sin ningún tipo de consulta pública, dejando de lado a la sociedad civil, sin llevar a cabo pruebas o evaluaciones del impacto medioambiental y social y teniendo en cuenta únicamente los intereses de las empresas”, han denunciado las organizaciones.

Bruselas aprobó formalmente la reducción sostenible para las empresas a mediados de abril

El conjunto de entidades, entre las que se encuentran Clean Clothes Campaign o Friends of the Earth, también ha hecho referencia al impulso a la competitividad en la que la Comisión, con el apoyo del Parlamento y Consejo Europeo, han basado esta reducción de las medidas sostenibles. “Unas legislaciones sostenibles sólidas son clave para la ventaja competitiva de la Unión Europea en un mercado global donde los consumidores e inversores exigen acciones empresariales cada vez más responsables”, añade el escrito.

La queja llega poco después de que el paquete legislativo fuera aprobado oficialmente en Bruselas. Tras ser presentado por la Comisión en febrero, tanto la eurocámara como el conjunto de Estados miembro han dado el sí definitivo al texto. Tras la última votación a mediados de este mes, los Gobiernos de cada país de los Veintisiete tienen ahora hasta finales de año para trasponer las nuevas reducciones a las legislaciones nacionales.

De salir adelante el proceso de queja ante el Defensor del Pueblo, esta no supone ningún tipo de obligación vinculante para las instituciones europeas. El mecanismo, sin embargo, sí es una forma de ejercer presión, por lo que en el caso de fallar a favor de las organizaciones podría obligar a la Comisión a reconsiderar estas reducciones.