Bruselas suspende la negociación alrededor de la ley contra el ‘greenwashing’

Parálisis legislativa en Bruselas. Ayer, el Consejo y Parlamento europeo cancelaron la reunión que ambos organismos tenían agendada para avanzar en el desarrollo del texto legislativo en contra de las alegaciones medioambientales. La decisión, que se anunció poco antes de que el encuentro tuviera lugar, sucede al anuncio de la Comisión Europea de retirar la propuesta de ley.

La eurocámara ha denunciado en un comunicado tanto el hecho en sí mismo de cancelar la directiva, conocida como Green Claims Directive, así como de no llevar a cabo la reunión. “Este modus operandi podría sentar un precedente peligroso para el proceso legislativo y los procedimientos institucionales, dando lugar a una confrontación innecesaria y evitable entre los colegisladores”, ha señalado el organismo.

Desde el parlamento comunitario han calificado como “injusto” el hecho de negar la posibilidad de negociar la directiva tras dos años de proceso legislativo. “Se nos impide debatir y, con suerte, acordar una directiva importante que contribuye a fomentar la concienciación ambiental y la confianza del consumidor”, continúa el comunicado.

Bruselas ha puesto en pausa y reducido la aplicación de diferentes normas sostenibles

El texto fue presentado originalmente por la Comisión Europea en 2023, con el objetivo de acabar con las alegaciones medioambientales en forma de claims o etiquetas ecológicas que no estuvieran basadas en una base científica y comprobable. El objetivo de la misma era, de hecho, establecer esos requisitos mínimos para la justificación, comunicación y verificación de las alegaciones.

Pese a que fue la Comisión la impulsora de la normativa, ha sido este mismo organismo el que la semana pasada anunció sus intenciones de retirar la propuesta. La norma fue presentada por primera vez durante la anterior legislatura del Ejecutivo, marcada por una agenda más sostenible. Tras las elecciones, sin embargo, el conservadurismo ha ganado peso en Bruselas, y una serie de leyes medioambientales han sido puestas en pausa.

El ejemplo más relevante de esta nueva dirección comunitaria es el paquete Ómnibus, que ha reducido notablemente el ámbito de actuación de tres legislaciones principales en materia de sostenibilidad, así como atrasado su fecha de implementación. “Desnaturaliza la proposición de la Comisión, que buscaba simplificar y no añadir complejidad”, justificó el Ejecutivo su decisión en relación al cambio de rumbo de la directiva contra el greenwashing.