El Parlamento Europeo aprueba rebajar las exigencias en transparencia y sostenibilidad

El Parlamento Europeo ha aprobado el llamado Omnibus I con una amplísima mayoría. El paquete legislativo incluye la Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad (Csdr), la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Empresarial (Csddd) y la Taxonomía Europea, y supone una rebaja de los requisitos para facilitar su implementación y reducir el número de empresas afectadas. 

En sesión plenaria, la iniciativa legislativa en materia de transparencia y sostenibilidad ha recibido 428 votos a favor, 218 votos en contra y 17 abstenciones. Su puesta en marcha, sin embargo, estaba casi cerrada después del acuerdo entre Comisión Europea y Consejo de las últimas semanas y, sobre todo, tras recibir el visto bueno por parte de la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) de la Unión Europea (UE) la semana pasada.

El texto acordado rebaja ciertos requisitos de transparencia de sostenibilidad y diligencia debida para las empresas europeas, en línea con el acuerdo alcanzado entre instituciones europeas para “ofrecer mayor previsibilidad al tejido empresarial europeo y menos burocracia”, ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la votación el diputado del Partido Popular Europeo por Suecia, Jörgen Warborn, y ponente del paquete Omnibus I.

La iniciativa legislativa en materia de transparencia y sostenibilidad ha recibido 428 votos a favor, 218 votos en contra y 17 abstenciones

La Directiva sobre Información Corporativa en Materia de Sostenibilidad, conocida como Csdr por sus siglas en inglés, sólo exige la presentación de informes sociales y medioambientales a las empresas de la Unión Europea (UE) que empleen de media a más de 1.000 personas y tengan una facturación anual neta superior a 450 millones de euros.

En el caso de las empresas no pertenecientes a la UE, el umbral de facturación neta se eleva a 450 millones de euros generados en la UE para fines de información sobre sostenibilidad. Por lo que respecta a la Csddd, sólo las empresas de más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación neta anual se verán obligadas a cumplir la legislación sobre diligencia debida en sostenibilidad empresarial.

Con esta medida se busca rebajar al máximo el número de empresas impactadas por las tres directivas europeas sobre transparencia en sostenibilidad, due diligence y taxonomía. Sólo entre el 5% y 8% de las empresas europeas se verán afectadas. La Comisión Europea estima que el impacto de la Omnibus I en el ahorro de costes para las compañías de la Unión Europea alcanzará los 4.500 millones de euros. “Lo que les permitirá centrarse en sus negocios y competitividad y no en la burocracia”, han asegurado fuentes de la Comisión.

También se libera a las empresas sujetas a las normas revisadas de diligencia debida de la necesidad de preparar un plan de transición para hacer su modelo de negocio compatible con los Acuerdos de París.

“El parlamento ha aceptado también la propuesta de la comisión en lo que respecta a la responsabilidad civil”, ha añadido Warborn. “El Parlamento y el Consejo están de acuerdo en que no haya una responsabilidad civil armonizada”, ha sostenido. Es decir, las empresas seguirán teniendo que responder ante las autoridades nacionales, pero no se les podrán exigir responsabilidades a escala europea. Por último, en caso de incumplimiento por parte de una empresa, queda rebajada también la cuantía de las multas hasta el 3% de la facturación neta mundial de la empresa.

“La mayoría ha sido más abultada de lo que esperábamos”, ha afirmado Jörgen Warborn. Aunque al Omnibus I no le han faltado detractores, que veían en esta rebaja de condiciones un retroceso en materia de sostenibilidad, que se agrava con un nuevo retraso en la aplicación de las directivas de sostenibilidad por parte de las empresas, fijado ahora para 2029. Según ha concluido el diputado europeo, ha votado en contra la Izquierda, los verdes y catorce diputados del S&D. 

Denuncias de conflicto de interés contra Warborn

Jörgen Warborn, ponente de la Omnibus I, es también presidente de SMB Europe (Pymes Europa), aspecto que ha sido denunciado por diferentes organizaciones de la sociedad civil, considerando que puede existir conflicto de intereses. El hecho ha sido recogido en un escrito que Transparencia Internacional ha remitido al Comité Consultivo de la Unión Europea.

A la pregunta de un periodista en la rueda de prensa sobre este tema, Jörgen se ha mostrado sorprendido y ha respondido: “Llevo como presidente de esa organización desde hace mucho tiempo. Es una organización afín al PPE, igual que hay Mujeres del PPE y Jóvenes del PPE. No luchamos por unos intereses empresariales concretos, lo que queremos es que haya un entorno empresarial mejor para todos. Creo que se trata de una denuncia política. Personas a las que no les ha gustado el resultado y que han intentado influir en la votación de hoy”.