Cuenta atrás para la Due Diligence: las primeras obligaciones serán en julio de 2027

La Due Diligence se hace oficial. La Unión Europea (UE) ha publicado hoy el texto de la Directiva de Debida Diligencia en el Boletín Oficial de la UE. Aunque el texto definitivo rebajó notablemente el ámbito y los tiempos de aplicación, la publicación oficial en el diario ha dado comienzo a la cuenta atrás para que las empresas comiencen a aplicar la ley.

El texto, que establece responsabilidades y sanciones a las empresas europeas según su impacto directo e indirecto en el medioambiente, afectará primero a las grandes empresas. La Unión Europea ha establecido que todas aquellas empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de facturación anuales deberán aplicar la ley, como tarde, el 26 de julio de 2027.

La directiva también afectará a las empresas no europeas pero que operen dentro de las fronteras del continente. Concretamente, cualquier empresa internacional que también emplee a más de 5.000 personas y facture un mínimo de 1.500 millones de euros deberá responsabilizarse de sus emisiones antes del 26 de julio de 2027 o, afrontar las sanciones determinadas por la UE.

Las empresas con más de 5.000 empleados y 150 millones de facturación serán las primeras en aplicar la normativa

En el primer borrador del texto, que no consiguió la aprobación del Consejo de la Unión Europea en el último momento y obligó a los órganos a acordar un nuevo texto, contemplaba unos ámbitos de aplicación más elevados.

En concreto, si la primera propuesta de ley se hubiera aprobado, todas las empresas de más 500 empleados y una facturación de 150 millones de euros deberían aplicar la ley. Bajo el amparo de la directiva definitiva, sin embargo, las mayores empresas que se verán afectadas por la Due Diligence tendrán hasta 1.000 empleados y una facturación neta de 450 millones de euros.

Los Estados miembro serán los encargados de supervisar y asegurar una correcta implementación de la directiva y, en el caso de que sea necesario, aplicar las sanciones. La ley contempla, de hecho, la posibilidad de establecer entidades determinadas en cada país.