Ahora sí: el Consejo aprueba la Due Diligence, el último paso del turbulento camino europeo

La Due Diligence supera su última prueba. El Consejo de la Unión Europea, conformado por representantes de todos los estados miembro, ha aprobado hoy formalmente el texto de la Directiva de Debida Diligencia, que establecerá responsabilidades, así como las sanciones correspondientes, a las empresas europeas por su impacto directo e indirectos en el medio ambiente.

“Las grandes empresas deben asumir sus responsabilidades en la transición hacia una economía más verde y con más justicia social. La directiva nos dará la posibilidad de sancionar a aquellos actores que violen sus obligaciones. Es un paso concreto y significativo hacia un mundo mejor donde vivir”, ha asegurado el viceprimer ministro belga y ministro de Economía y Empleo, el país que ostenta a día de hoy la presidencia del organismo, Pierre-Yves Dermagne.

Dermagne ha hecho referencia a las grandes empresas expresamente, ya que son las primeras que se verán afectadas por la normativa. El texto finalmente aprobado, de hecho, no es el primero que llega a la cámara. En febrero los representantes de Alemania, Francia e Italia bloquearon in extremis el texto inicial, que contemplaba una regulación más estricta.

La norma aprobada hoy por el Consejo ha reducido el número de empresas que deberán aplicar la Due Diligence, que serán las que tengan más de 1.000 empleados de media (frente a los 500 que establecía el anterior borrador) y con una facturación neta de 450 millones de euros (frente a los 150 millones de euros de la primera propuesta).

Los estados deberán establecer entidades responsables de vigilar y sancionar la aplicación en cada país

Después de la firma de los presidentes de ambas cámaras, el Parlamento y el Consejo, la directiva se publicará ahora en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor a los veinte días de su publicación. A partir de entonces, primero deberán comenzar a implementar las medidas las grandes empresas (aquellas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación), que tendrán tres años desde esta entrada en vigor. Las empresas con más de 3.000 empleados y 900 millones de euros de facturación, y las de más de 1.000 empleados y una facturación de 450 millones de euros, contarán con cuatro y cinco años, respectivamente.

“Las empresas deberán tomar las medidas adecuadas para prevenir, mitigar, poner fin o minimizar los impactos adversos que surjan para sus propias operaciones, las de sus filiales y las de sus socios comerciales en su cadena de actividades”, ha asegurado el Consejo.

Precisamente los estados serán los encargados de asegurar la supervisión y sanciones necesarias en el caso de que las empresas no cumplan con la ley, para lo que tendrán que establecer entidades determinadas en cada país.