Back Stage

Víctor Garrido (IndustriAll): “Otro Rana Plaza puede pasar”

El coordinador de CCOO señala cómo el accidente del Rana Plaza provocó un cambio en la opinión pública mundial y las prácticas de la industria, sin las cuales hubiera sido mucho más difícil gestionar la crisis del Covid-19.

Víctor Garrido (IndustriAll): “Otro Rana Plaza puede pasar”
Víctor Garrido (IndustriAll): “Otro Rana Plaza puede pasar”
“El 65% de la población trabajadora mundial está en cadenas de suministro mundiales”

Iria P. Gestal / M. Tamayo

20 abr 2023 - 05:00

Más de 1.130 personas murieron hace diez años en el derrumbe del Rana Plaza, con los controles de seguridad obligatorios en regla, y la industria de la moda cambio para siempre. Los sindicatos tienen ahora mucho más acceso a las fábricas y después de trabajar diez años en Bangladesh han puesto el ojo en Pakistán. Así lo cuenta Víctor Garrido, coordinador general para garantizar las normas internacionales a escala global entre Comisiones Obreras (CCOO) Industria y las multinacionales españolas Inditex, Mango, Tendam y El Corte Inglés. También forma parte de IndustriAll Global Union, federación sindical global, del proyecto de implementación del Acuerdo Marco Global de Inditex en el mundo. Garrido valora el impacto de Accord para la seguridad en las fábricas diez años después de que lo ratificaran 220 empresas y su llegada ahora a Pakistán, un acuerdo que han ratificado menos de cien compañías.

 

Pregunta: ¿El efecto Covid-19 ha lastrado las mejoras en las condiciones laborales de la producción?

Respuesta: El efecto Covid-19 ha minimizado el cambio laboral que se estaba produciendo en la cadena laboral de valor.  Aunque ya se ha minimizado su impacto, el accidente del Rana Plaza provocó un cambio en la opinión pública mundial y las prácticas de la industria. Ahora, es necesario introducir un nuevo modelo en la cadena de suministro para garantizar las condiciones laborales. Las mejoras lo medioambiental es que ahora están más en el foco y lo laboral han de ir en paralelo.

 

P.: ¿Ya se ha normalizado la situación respecto a las alteraciones por Covid-19?

R.: Sí, o eso se ha tratado. La pandemia ha presentado problemas de todo tipo. Con marcas españolas hemos tenido casi 200 casos de incidencias relacionadas con la pandemia, conflictos de todo tipo. Estos acuerdos por el Covid-19 no hubieran sido posibles sin el efecto de Rana Plaza.

 

P.: Después de diez años, ¿en qué ha mejorado el sector en cuestión de derechos laborales?

R.: El ejemplo más claro es el Accord. Se realizó un acuerdo de transición en 2017 junto con representantes empresas y sindicatos y en 2018 se gestionó la ampliación. Gracias al efecto de Rana Plaza y desde la firma del Accord no se ha producido ninguna muerte por incendio o derrumbamiento en Bangladesh. Ahora, se ha ampliado al Accord internacional, ampliando el acuerdo alcanzado en 2019. Todas las partes ha asumido que era necesario hacer un cambio, y todo a raíz de Rana Plaza. Hay que garantizar las condiciones de seguridad y salud de trabajo. Aunque también se ha deshinchado un poco el efecto: 220 marcas firmaron el acuerdo de Bangladesh, el nuevo Accord internacional lo han suscrito 194, entre las que se encuentran Inditex, Mango y El Corte Inglés, y en el acuerdo de Pakistán hay 49 firmantes.

 

 

P.: ¿Cuáles son los siguientes pasos que tiene que seguir el Accord?

R.: Desde agosto de 2021 se ha extendido el Accord al ámbito internacional, pero a partir de ahí hay que elegir esos países en los que nos tenemos que dirigir. El primer país en el que se ha ampliado el funcionamiento y del que había peticiones era Pakistán, donde el objetivo es cubrir cerca de 550 fábricas. Aunque Marruecos, Sri Lanka y la India también podría haber sido buenos candidatos.

 

P.: ¿Porqué ha sido Pakistán el siguiente país elegido?

R.: En Pakistán existe una escasa normativa de seguridad y salud en industria y minería. Hace un mes estuve en Pakistán para ver qué condiciones había en las fábricas del sector textil y vimos una supervisión absolutamente escasa y muy poca inspección de trabajo. En Pakistán existen 300.000 fábricas del sector, prácticamente el 30% de todo el denim del mundo se hace en una sola calle del país.

 

P.: Se ha adelantado mucho, pero ¿qué falta por hacer?

R.: Falta que los trabajadores tengan libertad para asociarse: la libertad sindical y la negociación colectiva son imprescindibles para combatir la desigualdad, direccionado a garantizar el trabajo decente. El 65% de la población trabajadora mundial está en cadenas de suministro mundiales. Cualquier sindicato del mundo puede entrar en la fábrica de una marca española, los trabajadores han de tener capacidad para defenderse. Es básico. Después de la crisis del Covid-19 se ha generado una incertidumbre para millones de trabajadores relacionado con el bajo nivel de los salarios. El Covid-19 y la inflación han supuesto un sablazo en las condiciones de vida de muchos trabajadores del sector.

 

 

P.: ¿Cuál es el compromiso de las empresas en cuanto a los salarios?

R.: Desde IndistriAll impulsamos ACT para que haya salarios vitales en países. Lo han suscrito 22 empresas multinacionales del sector. Sólo una española, Inditex.

 

P.: ¿Que suban los salarios puede hacer que las empresas busquen otros territorios?

R.: Las marcas no sólo buscan precio barato y también hay que ponerlo en perspectiva. De una prenda de 30 euros fabricada en Asia 7,5 euros van en publicidad, 7,5 euros en logística y producción, 1,15 euros se van al proveedor, 3,61 se los lleva la marca y 0,18 euros son el salario de la persona que lo produce. El pago a los trabajadores afecta sólo al 0,6% del precio final de la marca.

 

P.: Myanmar ha encendido de nuevo el debate entre dejar un país sin una de sus mayores industrias para proteger, pero proteger derechos. ¿Cómo se debe actuar?

R.: Estamos reclamando que las marcas salgan de Myanmar porque es lo que piden ahí los sindicatos. Ahora mismo, estamos solicitando fijar fechas concretas con las marcas españolas para su salida. No se respeta la debida diligencia sino se puede hacer una huelga o una reclamación de salarios y hay persecución a los sindicalistas. Entiendo que cortar una salida de manera tan abrupta les va a dejar sin trabajo, pero si el país se colapsa tendrán que obligar a negociar a la junta militar y que se habrá a un gobierno democrático y es lo que buscan los trabajadores. Ya se hizo en Myanmar hace unos doce años o Sudáfrica con el apartheid.

 

P.: Desde el gran público, muchas veces se asocia a marca grande con peores condiciones de sus trabajadores. ¿Hay que trabajar también en comunicar los avances al consumidor?

R.: Cómo se hacen esas prendas es donde hay que incidir, da igual si hacen mucho o poco, lo que hay que observar es que se respeten los derechos humanos y laborales de las personas que trabajan en una cadena de suministro. Al ir a comprar a un sitio, lo importante es saber si se están respetando las condiciones y las cuatro grandes españolas están cubiertas en este sentido. No es tan fácil como decir que esta es grande y por eso ya es mala y está es pequeña y es buena. Hay una parte educacional del cliente. Por ejemple, en Shein se está trabajando en condiciones infrahumanas: 80 horas semanales encerradas en las fábricas 320 días.

 

 

P.: ¿Es el riesgo reputacional de las empresas lo que está impulsando la mejora de las condiciones?

R.: Muchas de las mejoras han venido por un medio reputacional de las empresas, eso es obvio. Cuando empezamos a trabajar con Inditex para saber cuál era su cadena de suministro hace quince años el departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) tenía unas dos o tres personas y ahora hay más de 200. A pesar de que se ha avanzado mucho, sólo el 23% de las grandes empresas internacionales conocen su cadena de suministro, si no la conoces es imposible ejercer la debida diligencia.

 

P.: Se ha puesto el foco en Bangladesh, pero hemos visto otros escándalos como el Xinjang en China que no ha desencadenado tantas reacciones.

R.: Podemos hablar de mil sitios más además de Bangladesh: en China, con los uigures; en el sur de India, donde captan a niñas y las obligan a trabajar durante tres años o en la zona de Somalia o Etiopia, donde también existen vulneraciones de derechos humanos. Hay mil problemas alrededor del mundo. Se inició en Bangladesh porque murieron miles de personas en una fábrica de cinco planas que había pasado las auditorías sociales. En el caso de China, estamos hablando de un país en el que el sistema es endémico. Hay que decirle a un trabajador que se va de su pueblo para trabajar diez sin parar y después regresar que tiene que hacer fiesta los fines de semana, es muy complicado. Las marcas españolas tienen un porcentaje bajo de fabricación en China, pero China tiene el control porque gran parte de los proveedores mundiales son chinos, aunque trabajen en Vietnam, Bangladesh o Etiopía.

 

P.: ¿El siguiente paso es trasladar también esta vigilancia a los campos de algodón?

P.: La materia prima es estratégica, el problema es la trazabilidad y transparencia en el proceso. Hay que conocer el origen del producto y su coste de producción (medioambiental). También está la parte del algodón orgánico, cuando no es cierto que haya, muchas marcas dicen que utilizan y no es cierto. El año pasado estuve dos veces en Uzbekistán donde se produce mucho algodón había trabajo esclavo e infantil. En Uzbekistán estuvimos con Inditex, una de las pocas marcas a escala mundial que cuenta con su conoce su cadena de suministro al completo.

 

P.: ¿Otro Rana Plaza puede suceder?

R.: Hoy me ha llegado que una fábrica de Pakistán ha colapsado esta mañana, ha habido seis muertos. Otro Rana Plaza puede pasar, aunque en Bangladesh es complicado que suceda.

 

P.: ¿Qué se puede hacer desde la legislación europea?

R.: Había previsto un proyecto de ley en la legislación española que se está dejando morir. La ley europea, que espero que salga este año, debería ser lo suficientemente potente para que cualquier trabajador de cualquier parte del mundo pueda levantar la voz sin tener problemas. Sin embargo, ahora se contempla el efecto de la carga de la prueba, que la persona tiene que justificar si se produce o no la irregularidad, y no al revés, que lo tenga que hacer la empresa. También debería añadirse que se incluya más allá del Tier 1 de la cadena de suministro y hay que dejar participar a los sindicatos en la redacción de la propuesta.

 

P.: ¿Qué papel tienen las administraciones locales?

R.: El 70% u 80% de la población mundial carece de protección social. Los gobiernos locales están jugando un papel muy laxo. El estado tendría que procurar que haya jubilación, incapacidad, paro, educación, salud… Pero el sistema de protección social se está cubriendo desde las marcas por un asunto reputacional.