Competencia recurre la ‘tasa Amazon’ adoptada por el Ayuntamiento de Barcelona

Competencia se interpone a la tasa Amazon. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) ha recurrido la ordenanza fiscal del Ayuntamiento de Barcelona, adoptada el 24 de febrero, que impone una tasa a las empresas de reparto a domicilio, pero sólo si es de compra por Internet.

En concreto, la comisión considera que varias medidas de la ordenanza “distorsionan la competencia” porque no se aplican a las compras hechas en tiendas físicas o mediante venta telefónica. En abril de este año, la Cnmc ya envió un requerimiento al Ayuntamiento de Barcelona explicando los elementos que consideraba controvertidos “a fin de evitar la impugnación”.

“Se trata de medidas desproporcionadas y que distorsionan la competencia al aplicarse de forma desigual según la forma de comprar y entregar los bienes”, ha expresado la comisión en un comunicado.

La Cnmc consideras que la ordenanza ‘distorsionan la competencia’ porque no se aplica a las compras hechas en tiendas físicas o mediante venta telefónica

La conocida como tasa Amazon, que se aplicó en Barcelona a principios de marzo bajo el nombre de Trec (trasa de reparto de ecommerce), afecta a los operadores que facturen más de un millón de euros anuales en la ciudad. En concreto, la tasa afecta a 26 operadores entre los que se encuentran algunas de las compañías de reparto a domicilio como Amazon, Correos Exprés, Seur o DHL, entre otras.

Según explicó el ayuntamiento, el objetivo de la tasa es igualar las condiciones del comercio electrónico con las del comercio de proximidad, así como reducir la circulación de vehículos de reparto y disminuir la congestión en las principales vías de la ciudad a través de reforzar los puntos de recogida.

Tal y como aprobó el ayuntamiento en febrero, la tasa grava un 1,25% de la actividad de los operadores, lo que supone un máximo anual de 2,6 millones de euros.

En otros países como Franca esta medida ya ha sido aprobada con anterioridad, donde se aplicó en 2019 a las compañías tecnológicas con ingresos de al menos 750 millones de euros y ganancias en el país de mínimo 25 millones de euros. Italia, Reino Unido o Austria son algunos de los países que también estudian la aplicación de la tasa.