Haz el bien ¿y no mires a quién?

Los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (Ertes), los créditos ICO, las rebajas del abono transporte, el bono cultural, el descuento de la gasolina o la rebaja del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en alimentos básicos.

Son algunas de las medidas que ha llevado a cabo el Gobierno en la última legislatura para aliviar el bolsillo de los consumidores, apretado primero por la crisis del coronavirus y más tarde por la guerra en Ucrania y sus consecuencias, que se hacían patentes en la factura de la luz.

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El dinero en el bolsillo de los ciudadanos ha procurado no lastrar el consumo ni frenar la economía, pero la rápida aprobación y la excepcionalidad de algunas de las medidas han provocado que se dejara atrás el criterio de renta.

Tanto si los conductores podían afrontar el precio de la gasolina como si no, gozaron indiscriminadamente de veinte céntimos de descuento en el carburante y todas las familias numerosas, sin importar los ingresos y el patrimonio, se beneficiaron de los descuentos en la factura de la luz y la ayuda para la calefacción.

El clima electoral que no abandona el país desde el inicio de la primavera ha remado a favor, con ayudas para los menores de treinta años en el transporte todo el verano o descuentos para ir al cine para los jubilados.

Las familias más pobres copan casi un 25% de las ayudas, mientras las ricas se hacen con un 20%, según un informe de la Ocde

La duración de estas medidas sin criterio de renta ya ha sido señalada tanto por organismos internacionales como nacionales. De los primeros en reclamar el fin de ayudas indiscriminadas fueron los miembros de la vigilante Comisión Europea, que aconsejó que se fueran retirando de forma progresiva las ayudas y subvenciones de carácter general, como las relativas a las rebajas fiscales en la energía.

Desde Bruselas señalaron el pasado mayo, tras analizar el Programa de Estabilidad que España remitió al Ejecutivo Comunitario a finales de abril, que a bien de limitar el déficit público al 3% en 2024 tenían que eliminarse gradualmente las medidas de apoyo a la crisis energética que se aprobaron tras el inicio de la guerra en Ucrania.

España forma parte del grupo de países donde los más ricos se hacen con más subvenciones que los pobres

En la misma línea se ha pronunciado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), que desde el año pasado pide un cambio de estrategia en la asignación de las ayudas, sustituyendo las rebajas fiscales generalizadas por ayudas directas a los más vulnerables.

En el caso del precio de la energía, la organización con sede en París señalaba que un tope al precio para toda la población acaba beneficiando a los que más consumen, que suelen ser lo que cuentan con una renta más alta.

En sus últimas predicciones, la Ocde apuntaba que la economía española había sido “muy fuerte en términos relativos”, por la reducción de la inflación en mayor medida que otros vecinos europeos, pero también le puso deberes, insistiendo en que vaya retirando las ayudas y subvenciones de carácter general.

La economista jefa de la Ocde, Claire Lombardelli, señaló a las autoridades del país que el gasto público debía utilizarse para mejorar la productividad, una asignatura pendiente de la economía española.

La misma organización señalaba en un informe de final de año que el 20% de los hogares más ricos de España recibió el 30% de las transferencias del Estado, mientras que los hogares más pobres se quedaron un 12%, una horquilla que sólo superan Luxembrugo, Grecia e Italia.