¿Qué hacemos con la desigualdad?

Estos años de crisis más o menos aguda (sí, ya son ocho años) nos han traído temas que antes no parecían relevantes, uno de ellos es la creciente desigualdad social. La eclosión de la misma ha llegado hasta las instituciones financieras internacionales (OCDE,FMI,Banco Mundial) que la han incorporado en sus análisis globales y de países, punto a valorar positivamente teniendo en cuenta el carácter más bien conservador y ortodoxo de dichas instituciones, económicamente hablando.

La irrupción de la desigualdad como problema social también ha calado en buena parte de la población que, sin recurrir a complicados análisis económicos, ha visto como su bienestar personal retrocedía y que muchas personas caían en niveles de ingreso llamados “bajos” por no decir “de pobreza". Todo ello mientras se hacía más grande la diferencia entre los que más ingresan y los que menos. Esta realidad ha generado la clara percepción de que los costes de la crisis los han pagado más intensamente unos grupos sociales que otros y que el reparto no ha sido proporcional a la capacidad económica de cada grupo. De ahí el consenso sobre que “la desigualdad puede socavar el progreso social y causar inestabilidad política y económica” en palabras del FMI.

El caso español

Nuestro país presenta una distribución de la renta más desigual que la mayoría de nuestros socios europeos, hecho que ha ido creciendo durante los años de crisis. Según Rafael Doménech del BBVA Research, el aumento de la desigualdad se ha generado básicamente por la caída de ingresos del 40% de la población con menos renta y apunta de manera directa al desempleo como la causa del fenómeno, ya que este explica casi un 80% de las variaciones en la desigualdad.

En base a esta última conclusión, la mejora de la desigualdad pasa necesariamente por reducir el número de parados, cosa que se está consiguiendo en parte gracias a la buena marcha de la economía desde 2014. Así, la tasa de paro se ha situado en el 20% en el segundo trimestre de 2016, en el mismo nivel que tenía en 2010. Sin embargo, no sólo hay que confiar en que el crecimiento generará por si solo más empleo (tesis gubernamental en funciones), sino que han de impulsarse otras intervenciones tanto regulatorias (reducir la dualidad del mercado de trabajo) como institucionales (dedicar más dinero a las políticas activas de ocupación y recrear los servicios públicos de empleo cuya baja efectividad es claramente mejorable).

Esta visión, muy enfocada a la mejora del empleo, no sería suficiente si no fuera acompañada de otras medidas, como la reforma educativa, para evitar el fracaso escolar y lograr una mayor igualdad de oportunidades, la mayor eficiencia de las ayudas sociales, que han sufrido muchos recortes pero escasas medidas racionalizadoras o una verdadera reforma fiscal, lejos de los parches coyunturales que han venido siendo la actuación habitual en este campo.

En definitiva, corregir la desigualdad en España exige importantes medidas que no son diferentes de las precisas para lograr un modelo de crecimiento más sostenible económicamente y más justo socialmente. El momento económico es favorable para iniciar este camino pero falta el impulso político, que mucho nos tememos será difícil de obtener, a pesar de que buena parte de la ciudadanía es consciente de que sin medidas de cambio estructural no vamos a variar mucho las cosas, aunque iremos tirando… hasta la próxima crisis. Entonces todos lamentaremos no haber hecho algo más para cambiar el rumbo del país.