Parlamento y Consejo Europeo firman la reducción definitiva de la sostenibilidad en Europa

Europa retrocede oficialmente la carga sostenible para las empresas. Tras varios años de carrera legislativa, en los que el Parlamento y la Comisión Europea han trabajado mano a mano para aprobar diferentes normas de sostenibilidad para las compañías, Bruselas ha materializado hoy su primer paso atrás. Ambos organismos han acordado el primer borrador del paquete de simplificación Ómnibus, que reducirá la carga empresarial con el medioambiente a través de la modificación de tres normativas principales.

“Esta propuesta mantiene su consistencia con la política europea para impulsar la competitividad, a través de la simplificación del marco regulatorio y reducción de la carga administrativa de las empresas”, asegura el texto publicado hoy. El borrador hace referencia en su inicio al informe de Mario Draghi, economista y expresidente italiano, que “enfatizó” la necesidad de impulsar la competitividad europea los próximos años si el continente quería mantener su liderazgo.

El paquete Ómnibus hace referencia a tres normas sostenibles ya aprobadas por la eurocámara y el Consejo, entre las que destaca la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (Csrd, por sus siglas en inglés). Entre las principales modificaciones, el texto contempla que únicamente las grandes empresas, aquellas con un volumen de negocio de más de 450 millones de euros y 1.000 empleados, estarán sujetas a las obligaciones de reporting.

La Due Diligence o la Csrd son las legislaciones modificadas por ambos organismos

Respecto a las empresas no europeas, la legislación afectará sólo a aquellas con un volumen de negocio superior a 450 millones de euros, frente a los 150 millones de euros que se contemplaban inicialmente. El paquete Ómnibus también deja fuera a los requisitos sectoriales y aplaza hasta 2028 las primeras obligaciones para las empresas que sí entran en el ámbito de aplicación.

La otra gran legislación modificada es precisamente la Due Diligence, una de las normas legislativas que más ruptura generó entre el Parlamento y la Comisión Europea, y que ahora verá retrasada su implementación en un año. Las primeras empresas afectadas, aquellas con una facturación de más de 1.500 millones de euros y más de 5.000 trabajadores, deberán cumplir los requisitos de debida diligencia en su cadena de valor a partir de julio de 2028, en lugar de la fecha inicial en 2027.

El resto de categorías de empresas, que se dividen según el tamaño, ganarán también un ejercicio antes de su entrada en vigor. Para julio de 2029, Bruselas estima que hasta 6.000 empresas europeas y otras 900 compañías de fuera de la Unión se verán ya estarán bajo el cumplimiento de la Due Diligence.

El texto publicado hoy ya cuenta con el apoyo de ambas entidades, aunque debe aprobarse ahora por las dos entidades de forma individual. Posteriormente, tanto el Parlamento como el Consejo deberán dar luz verde de forma conjunta al texto, y este entrará en vigor apenas un día después de que se publique en el Boletín Oficial de la Unión Europea.