Ley anti Shein, recta final: cambios, réplicas y un año de espera

Con más de un año a sus espaldas, y varias modificaciones que han sido criticadas y celebradas a partes iguales, la conocida como ley anti Shein llega finalmente a los pasillos del Senado francés. El texto, que se debatirá entre hoy y mañana en la cámara alta del país, se alza como una ley pionera en la lucha contra los efectos medioambientales del sector de la moda. Este, sin embargo, es muy diferente a la versión que se votó por primera vez en la Asamblea en marzo del año pasado, lo que también ha levantado críticas por parte parte de las organizaciones medioambientales del país.

La ley comenzó como un borrador confuso y poco concreto, en el que pese a hacer una mención directa a Shein, no se establecía con claridad los parámetros que definían a la moda rápida, el principal objetivo de la normativa. Con el paso de los meses, el texto ha recorrido un año de negociaciones técnicas y políticas que han perfilado los límites más difusos, agrandando la sensación de que la ley era más un texto contra operadores como Shein o Temu que contra otros grandes gigantes de la moda como Inditex o H&M.

“Yo me he propuesto aprobar una ley contra la moda rápida, mi objetivo son Shein y Temu, y no tengo ninguna intención de penalizar a las empresas francesas y europeas”, aseguró Sylvie Valente-Le Hir, senadora del partido republicano y la encargada de proponer las enmiendas que modificaron el texto inicial, en relación a la nueva hoja de ruta que ha tomado la normativa.

La ley se debatirá entre hoy y mañana, y pasará a votación el 10 de junio

La futura norma dibuja un cortafuegos inédito contra el modelo de producción a gran velocidad. Su pieza más mediática es la implantación de sanciones, que pueden llegar hasta siete euros por prenda en 2027 y diez euros en 2030 para las empresas consideradas como moda rápida. En este punto surgió el primer debate, ya que inicialmente la definición de las empresas que podían verse afectadas estaba basada en el número de prendas producidas.

En el texto modificado por la comisión, y que se debatirá hoy en el Senado, sin embargo, esta se ha adaptado para hacer referencia al número de modelos o referencias puestas en el mercado. Con un modelo de negocio que se basa en una oferta variada casi bajo demanda, Shein y Temu entrarían completamente en esta definición, mientras que otros operadores, con menos referencias pero más volumen por cada una de ellas, podrían ser excluidos.  

El dinero recaudado a través de esta medida, además, irá destinado a financiar la recogida y gestión de residuos textiles en el país, es decir, que acabará en las arcas de Refashion, el scrap oficial del sector textil en el país. “El objetivo es proceder de manera similar a lo que se hace en otros sectores, como el del automóvil -explica el proyecto de ley-; donde las penalizaciones pueden alcanzar un porcentaje importante del precio de venta de un vehículo y cambiar así las prácticas de los productores y el comportamiento de compra de los consumidores”.

El dinero recaudado por las penalizaciones irá destinado a Refashion

El segundo punto hace referencia a la prohibición progresiva de publicidad para las plataformas que lancen colecciones a ritmo diario. “Dado el impacto que tiene la publicidad en el comportamiento de compra, este segmento será ahora ampliamente regulado, tanto por razones de protección de menores a contenidos sensibles, protección al consumidor, de salud pública o medioambientales”, continúa el resumen de la ley publicado por la cámara alta.

Este artículo también se ha reducido notablemente desde el primer texto aprobado por la Asamblea Nacional francesa. Si en un inicio las prohibiciones de publicidad afectarían a cualquier plataforma y tipo de contenido, en la nueva versión se hace referencia únicamente a los influencers, al ser “los principales promotores” de estos artículos.

En la misma cruzada legislativa, a partir de 2026, otra normativa nacional establece que todas las marcas deberán vender en Francia con la etiqueta Ecobalyse, que medirá huella de carbono, uso de poliéster y durabilidad, avanzando sobre el Reglamento europeo de Ecodiseño. La exigencia, pese a ser pionera, también ha dado pie a un conflicto con la Unión Europea, ya que se superpone con la normativa europea de medición de la huella ambiental, que está actualmente en proceso de aprobación en Bruselas.

El paquete se completa con requisitos de trazabilidad social, desde salario mínimo en la cadena de suministro hasta divulgación de talleres externos, y nuevas obligaciones para operar en marketplaces: identificación del productor (IDU), pruebas de titularidad de marca y cumplimiento de la directiva de seguridad de producto

La norma también prohibirá la publicidad de influencers sobre estos artículos

Cronología de un proceso acelerado

La proposición de ley para reducir el impacto ambiental de la industria textil, que en el país se le conoce como ley anti fast fashion, superó su primera lectura en la Asamblea Nacional el 14 marzo 2024, con respaldo unánime y procedimiento acelerado.

Tras esta primera luz verde, el texto llegó a la Comisión de Desarrollo Sostenible del Senado, que introdujo cambios para modular el bonus malus ambiental, es decir, la tasa a pagar por el efecto negativo en el medioambiente, y perfilar la prohibición de publicidad para plataformas de precios ultrabajos, con las chinas Shein y Temu convertidas en la diana de todas las críticas.

Ahora entra en su recta final, y el pleno de la Cámara alta debatirá la norma el 2 y 3 junio y la someterá a un escrutinio público solemne el martes 10 junio. Si se valida sin nuevas enmiendas, Francia se convertirá en el primer gran mercado europeo que penaliza la sobreproducción textil y limita la exposición comercial de operadores como Shein o Temu.

Si, por el contrario, el Senado decide endurecer o suavizar el texto, deberá abrirse una comisión mixta paritaria antes del verano, añadiendo tensión regulatoria a un sector que, en palabras del presidente de la Fédération Française du Prêt à Porter Féminin en una entrevista con Modaes, Yann Rivoallan, “vive una destrucción sin precedentes y necesita reglas claras para reconstruir valor”.

Shein ha denunciado que la ley incrementará un 75% el precio final y afectará a los consumidores “más modestos”

Reacciones confrontadas

El sector ha digerido la norma con sentimientos encontrados. Para las grandes cadenas francesas y sus asociaciones, la versión suavizada que el Senado debatirá supone una “victoria razonable”. La restricción publicitaria ha quedado acotada a las plataformas de ultra bajo precio, limitando el impacto sobre las compañías de moda accesible francesas y europeas; mientras que el ya mencionado malus ambiental se graduará por escala, una modificación que, según fuentes parlamentarias, “evita penalizar al retail convencional” y deja fuera a operadores como Zara o H&M.

Yann Rivoallan celebra el paso adelante, asegurando que “es sólo el primero de muchos, pero necesitamos reglas claras para reconstruir valor” y, a diversos medios galos, cadenas como Kiabi o Decathlon han admitido que prefieren “un marco imperfecto antes que seguir compitiendo sin reglas”.

Por otro lado, ONG y colectivos climáticos denuncian un texto “desnaturalizado”. La Coalition Stop Fast Fashion habla de descosido, ante la perspectiva de que la ambición inicial del texto se habría diluido por la presión del lobby, recortando sanciones y aplazando la entrada en vigor de la tasa por prenda.

Zero Waste France, por su parte, ha advertido de que las plataformas chinas siguen ganando tiempo, mientras otras asociaciones han acusado a Shein de intensificar su lobby y de fichar antiguos responsables políticos para frenar la norma. Para estos actores, el proyecto necesita “dientes más afilados” y recordatorio de que la ley pretende “disciplinar la sobreproducción, no maquillarla”.

Varias ONG han acusado a Shein de intensificar su lobby

Por su parte, Shein, la gran afectada, respondió la semana pasada a la normativa, a través de un informe remitido a todos los senadores en el que denuncia el efecto negativo que esta tendrá sobre los consumidores. El texto, obtenido en exclusiva por la radio pública del país, France Inter, y elaborado por un profesor de la escuela de negocios Essec, basa su denuncia en tres puntos clave.

El primero argumenta que la ley “penalizará a los consumidores más modestos”, al representar el 80% de la base de usuarios de compañías como Shein y Temu, lo que puede generar efectos contraproducentes para ellos y un desequilibrio competitivo en el sector. El informe cifra en hasta un incremento del 75% en el precio de los artículos en consecuencia de las penalizaciones contempladas por la legislación.

Además, el texto argumenta que la normativa no cumple el objetivo principal de reducir el impacto medioambiental del sector, ya que no incluye incentivos para mejorar las prácticas de las compañías, y denuncia que “bajo la apariencia de perseguir un objetivo de interés general”, va dirigido exclusivamente a marcas concretas.

El Senado cifra en 470.000 los productos puestos en el mercado por Shein al día

Datos del impacto

Pese al revuelo que ha causado la ley, esta ha seguido avanzando en su camino a la aprobación, en parte, por el estudio de impacto material de compañías como Shein y Temu en el medioambiente. Según explica la exposición de motivos de la normativa, en Francia el número de prendas puestas en el mercado anualmente ha aumentado hasta 3.300 millones, más de 48 artículos por habitante.

El Senado, de hecho, pone también cifras concretas al negocio de Shein, denunciando que la plataforma asiática lanza una media de 7.200 nuevos modelos diariamente, lo que se traduce en 470.000 productos diferentes, “900 veces más productos que una marca francesa tradicional”.

“El éxito de económico de este modelo no está exento de consecuencias para la adaptación de las estrategias de producción de otras marcas”, añade el organismo. En concreto, los datos del estudio de la cámara bajan apuntan a que frente al 63% de las empresas que lanzaban colecciones al mercado dos veces al año hace una década, la cifra se había reducido a apenas el 43% en 2019.