El Parlamento Europeo pospone la ley antideforestación y rebaja exigencias

La UE rebaja sus exigencias con relación a la deforestación. El pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer posponer un año la entrada en vigor de la ley de deforestación. Asimismo, también dio luz verde a suavizar algunas de las exigencias de la norma, un aspecto que criticaron organizaciones ecologistas como WWF y Greenpeace.

La decisión de la Eurocámara, aprobada con 371 votos a favor, 240 en contra y 30 abstenciones, respaldó posponer la aplicación de la ley que busca cerrar el mercado a productos procedentes de tierra deforestada, un retraso con el que pretende dar más tiempo a las empresas para adaptarse, según informó el Parlamento a través de un comunicado.

En este sentido, el pleno aprobó el pasado octubre tramitar la propuesta urgentemente, pero la Comisión Europea propuso el pasado mes otorgar doce meses adicionales de período de adaptación, algo a lo que han dado su visto bueno los Estados miembros y ahora también el Parlamento Europeo.

La Eurocámara apoya dar a las empresas un año más de margen para adaptarse al reglamento europeo de deforestación

Asimismo, el Parlamento Europeo también ha votado en favor de requisitos menos estrictos y ha acordado crear una nueva categoría de países sin riesgo para la deforestación, junto a las tres categorías existentes de riesgo bajo, estándar y alto.

Los países clasificados como sin riesgo, que se definen por un desarrollo estable o creciente de zonas forestales, se enfrentarían a requisitos “mucho menos estrictos, al considerar que presentan un riesgo insignificante o inexistente de deforestación”, según detalla la Eurocámara.

Posteriormente, la Eurocámara devolvió el texto a la comisión de Medio Ambiente para abrir las negociaciones entre el Parlamento y los Estados miembros, ya que para entrar en vigor tiene que estar respaldada tanto por entre el Parlamento como por los países.

Este reglamento, que ya fue adoptado por el Parlamento en abril de 2023 y estaba previsto que empezaran a aplicarse el 30 de diciembre de este año, tiene el objetivo de luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad a través de la prevención de la deforestación relacionada con el consumo de productos cárnicos, cacao, café, aceite de palma, madera y caucho.