De Fabric Act a Fashion Act: Estados Unidos se pone las pilas en legislación para la moda

La regulación sobre la sostenibilidad en la moda no sólo viene de Bruselas. Estados Unidos está preparando su propio entramado legislativo para apartar el greenwashing y los trabajos forzados de la industria de la moda. Los requerimientos de la legislación estadounidense a los retailers, que se hacen notar entre operadores y productores del todo el mundo, están a las puertas de endurecerse con la aprobación de Fashioning Accountability and Building Real Institutional Change (Fabric) Act o la Fashion Sustainability and Social Accountability Act o Fashion Act.

El pasado año, Estados Unidos registró una oleada de proposiciones de ley que afectan al sector textil con el foco puesto en la sostenibilidad y los derechos laborales de los trabajadores. La joya de la corona de las nuevas propuestas legislativas es la llamada Fabric Act, que puede convertirse en la primera ley federal de Estados Unidos sobre la industria de la moda.

De salir adelante la propuesta, las empresas tendrían que revelar información sobre su cadena de suministro, incluido el origen de las materias primas, los nombres y ubicaciones de sus proveedores y los países donde fabrican. La ley prohibirá el uso de mano de obra forzada para producir y prevé la creación de una nueva agencia federal con autoridad para hacer cumplir la ley e investigar y sancionar a las empresas que infinjan la legislación laboral.

La ley inició su periplo legislativo en diciembre de 2022 tras ser registrada en la cámara alta del legislativo, y la senadora Gillibrand, encargada de la resolución, ha asegurado que podría entrar en vigor a finales de este año, un objetivo ambicioso dado la apretada agenda del Congreso estadounidense.

Fabric Act puede convertirse en la primera ley federal de Estados Unidos sobre la industria de la moda

Actualmente, la ley estadounidense de ámbito federal que más información demanda a los retailers sobre su cadena de suministro es la Uyghur Forced Labor Prevention Act (Ufpla), adoptada en diciembre de 2021, y que prohíbe la comercialización en el país de artículos producidos en Xinajiang, región china sobre la que existen graves acusaciones de vulneraciones de derechos humanos a la población uigur en campos de trabajo.

Otra de las leyes también aprobadas en el país que pone el foco en las condiciones de los trabajadores, en la Garment Worker Protection Act, adoptada por el Estado de California para blindar los derechos de los empleados de la industria textil en el territorio. Le ley fija un salario mínimo para los trabajadores del sector y responsabiliza a las marcas del estado de las fábricas de sus proveedores.

California también se ha impuesto como uno de los principales legisladores del país en materia de sostenibilidad. El julio del pasado año, el estado adoptó una regulación sobre la Prevención de la Contaminación por Plásticos y Responsabilidad del Productor de Envases que afectó también al sector de la moda. La ley establece medidas de responsabilidad ampliada del productor y obliga a las empresas a adherirse a la organización de responsabilidad del productor antes de final de 2023 para desarrollar un plan de responsabilidad del productor accesible al público.

Otro estado que está tomando la delantera en legislación medioambiental es Nueva York. La región aprobó a finales de 2022, y entrará en vigor a finales de 2023, la New York Pfas Apparel Ban, que prohíbe el uso de un grupo de químicos sintéticos los llamados Pfas usados con regularidad en artículos textiles para hacerlos resistentes al agua y las manchas.

El siguiente paquete legal que quiere aprobar Nueva York es la Fashion Sustainability and Social Accountability Act, llamada solamente Fashion Act, con un espectro de ampliación más amplio: el paquete legislativo propuesto en el estado de la costa este busca “promover las prácticas éticas y sostenibles” y quiere colocar Nueva York “como el líder global de la responsabilidad de cuentas en la industria de la moda”.

De ser aprobada, la ley exigiría la divulgación de datos sobre la cadena de suministro, incluido el impacto medioambiental, las prácticas laborales y las políticas de bienestar animal. Además, la propuesta recoge la creación de un programa de subvenciones para apoyar la investigación y el desarrollo de materiales y prácticas sostenibles e innovadoras en la industria de la moda.