‘Brussels effect’ o qué esperar en los tres años de arranque del arancel al carbono europeo

El arancel europeo al carbono ya está aquí. Los tres grandes órganos de la Unión Europea, Comisión, Parlamento y Consejo, han dado por finalizadas las negociaciones para trazar la ruta del primer Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (Cbam, por sus siglas en inglés) del mundo, y su implementación no se va a hacer esperar. La fase piloto empieza en 2023 y, a partir de 2026, las empresas tendrán que lidiar con su versión plenamente operativa, con lo que la UE puede arrancar un efecto en cadena en una demostración de manual de soft power, escenificando una vez más el Brussels effect.

La motivación de la legislación es evitar las llamadas fugas de carbono y a la vez crear un efecto arrastre en los países productores, el llamado Brussels effect. El término, acuñado por la profesora de Columbia Anu Bradford, hace referencia a la fuerza que tiene la UE para implantar de facto medidas más allá de sus fronteras, fruto del tamaño y la importancia del mercado y las normas relativamente estrictas y su capacidad normativa.

La última de estas muestra de fuerza de Bruselas ha sido el requerimiento en el mercado único de un cargador universal, lo que ha llevado a Apple a modificar sus dispositivos nuevos. Algo parecido pueden logar ahora las instituciones con su arancel al carbono, aunque acabará dependiendo de la reacción de terceros países.

El mecanismo, que busca evitar que los requisitos de reducción de emisiones en la industria europea provoquen una fuga de empresas a países con jurisdicciones más laxas, es uno de los puntales del Régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS) dentro del Green Deal. “El Cbam garantizará que el precio del carbono de las importaciones sea equivalente al precio del carbono de la producción nacional y que no se socaven los objetivos climáticos de la UE”, aseguran desde la institución.

“El Cbam garantizará que el precio del carbono de las importaciones sea equivalente al precio del carbono de la producción nacional”, aseguran desde Bruselas

Sin embargo, la política también tiene sus riesgos. “Algunos de los  problemas que podemos esperar incluyen una pérdida potencial de competitividad de los productos europeos, un impacto negativo en los países más vulnerables al cambio climático, una potencial reducción de la cooperación en el seno de las negociaciones climáticas internacionales y represalias comerciales, especialmente en un contexto de guerra de subsidios y de declive de la gobernanza económica mundial y del multilateralismo”, apuntan desde el think tank español Real Instituto Elcano en un análisis publicado este mismo marzo.

A pesar de que el plan lleva fraguándose desde 2019, ha concluido en un contexto de auge de proteccionismo con acusaciones cruzadas en la Organización Mundial del comercio (OMC) y la aprobación por parte de Estados Unidos de la Inflation Reduction Act (IRA), que prima la producción en el país.  

En concreto, Estados Unidos es uno de los países que está debatiendo sobre su reacción y desde Washington se empiezan a escuchar ecos de un Cbam a la americana después de propuestas de senadores demócratas. Otros países del entorno como Canadá y Japón también están preparando sus propias legislaciones homólogas.

Pero, ¿qué supondrá esto para los países productores? Según Fitch Group, Cbam aumentará los costes de la cadena de suministro de las materias primas, algo que puede llegar a trasladarse al consumidor final. Algunos países en desarrollo pueden no poder absorber el aumento de coste que supondrá adaptarse a la nueva legislación, según la entidad financiera.

India reconoció que la medida europea era “un poco desafiante” para la industria del país, según recoge el periódico Indian Times, quien también señaló que la puesta en marcha del mecanismo les obligaba a “recalibrar el enfoque de sus negociaciones para un tratado de libre comercio”.