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16 Dic 201720:25

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Los trabajadores de Blanco denuncian “irregularidades” en el proceso judicial

Los exempleados de la cadena española, en liquidación, han puesto en duda la competencia del juez para llevar a cabo el proceso.
10 Mar 2017 — 09:48
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Los trabajadores de Blanco denuncian “irregularidades” en el proceso judicial

 

 

Los trabajadores de Blanco, en pie de guerra contra el juez. Los ex empleados de la cadena española, que quebró el pasado año, han denunciado “irregularidades” en el proceso del expediente de regulación de empleo (ERE), así como en el procedimiento abierto contra los gestores de Alhokair, que ha sido elevado a la Audiencia Nacional.

 

Según los trabajadores, algunos de sus abogados han “puesto en duda la competencia del juez para llevar a cabo el proceso”. La duda sobre sobre la competencia se debe a que la empresa cambió una semana antes de presentarse el concurso de acreedores su sede a Toledo, “donde sólo había un almacén con tres trabajadores”. Tras cambiar la sede, el concurso debería ser asignado al juez Brigidiano Martínez, del Juzgado de lo Mercantil de Toledo. Se designó como administrador concursal a Antonio Muñoz Perea.

 

Los trabajadores denuncian que ambos habían trabajado ya de forma conjunta en varios concursos de acreedores y, en uno de ellos, el de la Autopista Madrid Toledo, también coincidieron con el abogado de Global Leiva, sociedad propietaria, Santiago Hurtado, según afirman los exempleados.

 

 

 

 

Por otro lado, el grupo de ex trabajadores también denuncia irregularidades en el proceso abierto contra Simon Marshall, Masoud Mohammad Husesien Mamad, Gerry Waters y Nuno Rubeiro Ferreira por alzamiento de bienes, estafa e insolvencia punible. “La Audiencia Nacional requirió a Brigidano información para poder resolver si es competencia de este juzgado, pero la información que el juez envió a la Audiencia estaba incompleta”, aseguran.

 

Blanco bajó definitivamente la persiana el pasado marzo, cuando cerró la última tienda que mantenía abierta, en el centro comercial Xanadú de Madrid. Ese mismo día, el juez dio luz verde a la rescisión colectiva de contratos, que afectó a cerca de 700 empleados.

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