Ertes, ICOs y vuelta a empezar: cómo la moda sobrevivió a la catástrofe

 

 

 

Como cada año, Modaes.es realiza en las últimas semanas de diciembre un repaso a los últimos doce meses en el negocio de la moda, marcados por el impacto de la pandemia del Covid-19. Análisis macroeconómico de España y el mundo, recorrido por los fenómenos sociales que ha provocado el coronavirus y reportajes sobre el impacto en las principales empresas del sector forman el Especial 2020: el negocio de la moda en el año del Covid-19. 

 

Especial 2020: El negocio de la 
moda en el año del Covid-19 

 

La tierra tiembla, el agua se retira a gran velocidad y una ola inmensa se levanta en un ángulo de 45 grados antes de arrasarlo todo. La crisis del coronavirus fue para la moda como un tsunami desde sus primeros compases: primero, la incredulidad, después, la angustia de saber que era demasiado tarde. Los cierres, expedientes de regulación de empleo (Erte) y los préstamos millonarios llegaron más tarde. Con la primavera, el intento de reconstrucción y, finalmente, una nueva réplica.

 

Aunque todo comenzó en China ya a principios de enero, con los cortes de suministro y los cierres de tiendas en plenas festividades del año nuevo, la moda no comenzó a ver la que le venía encima hasta que el mar estaba ya formando una pared vertical en su puerta. El 12 de marzo, un día después de que la Organización Mundial de la Salud declarase pandemia a la crisis del Covid-19, el Gobierno de Giuseppe Conte decretó en Italia el cierre de toda la actividad, salvo los servicios básicos, para contener el avance de la pandemia en el país. Aquella normativa estableció una división que quedará forjada en el imaginario colectivo durante generaciones: la que separa los servicios y comercios esenciales de los que no lo son.

 

La moda, como no podía ser de otra forma, cayó en este segundo bloque. Galleria Vittorio Emanuele, Piazza San Marco y Via Condotti quedaron desiertas. La crisis había llegado a uno de los corazones de la moda en el mundo. Sólo los cuatro gigantes españoles de la moda, Inditex, Mango, Tendam y Desigual, tuvieron que echar el cierre a 587 tiendas en el país.

 

 

Europa se cerró ante el avance de la pandemia, que se cernió sobre el continente con severidad

 

 

Casi simultáneamente llegaron las primeras noticias de compañías en la Península Ibérica que optaron por cerrar sus sedes. Parfois fue la primera de moda en hacerlo público: el 10 de marzo, el grupo portugués anunció que cerraba su sede central en Oporto como medida preventiva tras detectar un caso de coronavirus el día 8. En Europa, Givaudan o Nike habían tomado medidas similares la semana anterior.

 

El 12 de marzo, tras el cierre de los colegios en Madrid, El Corte Inglés puso en marcha un paquete de medidas que incluían la suspensión de presentaciones físicas y actividades infantiles y la instauración de un sistema de teletrabajo por turnos. Multinacionales como EY, Telefónica o Vodafone también implantaron la misma medida en sus sedes en España.

 

Entonces, cayó la ola. El 13 de marzo, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, compareció para anunciar que, al día siguiente, el Consejo de Ministros declararía el estado de alarma en España por segunda vez en democracia, la primera de esta magnitud.

 

 

Tras la entrada en vigor del estado de alarma, los mayores grupos de distribución de moda echaron el cierre en sus tiendas

 

 

Las tiendas de moda de todo el país bajaron la persiana, cortando bruscamente el flujo de caja de todas las empresas del sector. Millones de personas se quedaron, de un día para otro, sin un puesto de trabajo al que acudir, porque ya no existía. Si crisis económicas anteriores habían enseñado a España lo que era un ERE, en las crónicas de aquellos días comenzaron a repetirse unas siglas hasta entonces casi desconocidas para el gran público: Erte. Suspensiones temporales de empleo amparadas en una causa también inédita, la fuerza mayor, reservada hasta entonces para incendios o catástrofes naturales.

 

El primero en presentar uno fue Tendam, el tercer mayor grupo de distribución de moda de España. El 16 de marzo, la compañía anunció un expediente sobre 7.000 personas, incluyendo a todo el personal de tienda y a los empleados de oficinas vinculados con los establecimientos. Coincidiendo con el anuncio, la empresa presentó también un plan de acción que incluía recortes, nuevas compras y nuevas líneas de financiación.

 

Un día después, Liwe Española, otro de los mayores grupos del sector en España y que opera con la cadena de moda Inside, presentó otro expediente sobre 1.900 trabajadores, el 94% de su plantilla en España. En los cuatro países en los que opera la cadena se había decretado el cierre de tiendas.

 

También lo presentó esos días Adolfo Domínguez, cuyo Erte afectó únicamente al personal de tienda, en concreto 728 empleados, un 61% de la plantilla. La compañía activó la medida hasta mayo, aunque entonces el cierre se había decretado sólo durante quince días, el máximo permitido por ley. Otras de las primeras empresas del sector en presentar Ertes fueron Bimba y Lola y Roberto Verino, aunque no precisaron el alcance. A 18 de marzo, apenas cuatro días después de que se decretara el estado de alarma en España y el cierre de todas las tiendas en el país, el sector acumulaba ya más de 10.000 puestos de trabajo suspendidos por expedientes de regulación temporal de empleo.

 

 

Los mayores grupos de distribución de moda de España se acogieron a Ertes, dejando a miles de trabajadores sin empleo

 

 

Ese mismo día se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el real decreto ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19. Entre ellas se encontraba la flexibilización de los procesos para presentar los Ertes de fuerza mayor mientras durase el estado de alarma con el objetivo de evitar despidos. La medida acabó prorrogándose hasta tres veces: junio, septiembre y, finalmente, enero de 2021. La aplicación de los Ertes incluye también la prohibición de despedir al menos durante seis meses desde que se recupera al primer trabajador afectado.

 

Con el nuevo decreto de los Ertes, llegó la oleada. El mayor fue el de El Corte Inglés, que presentó un expediente sobre 25.900 personas. De ellos, 22.000 trabajadores correspondían a los grandes almacenes, 2.000 empleados a Sfera y 1.900 más a Viajes El Corte Inglés. Mango, por su parte, lo presentó sobre 4.676 empleados, a los que complementó la prestación, y su consejero delegado, Toni Ruiz, renunció a cualquier tipo de retribución mientras durase la situación de excepcionalidad.

 

Otros de los mayores expedientes fueron los de Decathlon, con 8.866 afectados en España; Primark, con más de 7.000; H&M, con 6.000 trabajadores de tiendas y otros 121 en oficinas, o Desigual, con 1.350 empleados suspendidos. También se sumaron compañías de tamaño medio como Sociedad Textil Lonia, El Ganso, Cóndor, Silbón o Scalpers, así como grupos internacionales con amplia presencia en España como Calzedonia, con 2.000 trabajadores afectados. El Erte más esperado, sin embargo, no llegó: Inditex fue la única gran compañía que descartó presentar un expediente y asumió el coste del cierre de tiendas mientras duró el estado de alarma, con un permiso retribuido en el caso de los establecimientos que permanecían cerrados.

 

 

 

 

No sólo el personal de tienda se vio afectado. El 23 de marzo, Tous anunció el cese temporal de sus actividades en España y la presentación de un Erte sobre trabajadores de la red de distribución, logística, fábrica y sede central. El mismo día, Puig hizo efectiva la medida por fuerza mayor en las fábricas de Alcalá de Henares (Madrid) y Sant Adrià del Besòs (Barcelona), en las que se paralizó la producción, además del personal de punto de venta en grandes almacenes, perfumerías y aeropuertos. También el mayor grupo industrial de España presentó uno: Textil Santanderina mantuvo el 25% de su actividad, dedicada al ámbito sanitario y de protección, y presentó un Erte sobre el resto de su plantilla, unos 273 trabajadores.

 

Los cierres de tiendas también pillaron con el pie cambiado a muchas pequeñas compañías que se encontraban en plena etapa de expansión. Fue el caso de Pompeii, uno de los mayores fenómenos emprendedores del calzado en España, que el 26 de marzo publicó una carta que se viralizó en redes sociales bajo el título Joder. “Hace una semana estábamos creciendo al 40% con cuatro tiendas abiertas, cincuenta personas en el barco y dos tiendas más en obras”, explicaba la empresa.

 

“Hoy, una semana después, nos sentamos delante del ordenador en nuestras casas habiendo hecho un Erte al 100% de la plantilla, por maldito Skype, y nuestras tiendas, cerradas, sin saber por cuánto tiempo”, proseguía. A finales de marzo, la empresa comenzó a reanudar su actividad con nuevos servicios, como la denominada live room, un servicio de atención al cliente por videollamada para “trasladar la experiencia física al online”.

 

Ni siquiera los pure players, que no estaban afectados por el cierre de tiendas, pudieron esquivar los Erte. En su informe de gestión de las cuentas de 2019, firmado en marzo de 2019, Privalia explicaba que estaba revisando su plan de negocio con el objetivo de adaptarlo a “la nueva realidad económica”. La compañía abría la puerta a la renegociación de contratos y Erte. En el primer trimestre de 2020, Privalia redujo un 4,9% su facturación, aunque el contexto remaba a su favor. De hecho, Veepee, el grupo al que pertenece la plataforma española, preveía capitalizar que el mercado estaba inundado de stock por los cierres de tiendas y elevar sus ingresos un 10% en España en 2020.

 

 

Después de la ola de Ertes, que en junio ya ascendía a 3,7 millones de prestaciones, llegaron los créditos del Instituto de Crédito Oficial

 

 

En total, a 2 de junio, el Servicio Público de Empleo Estatal (Sepe) había reconocido y abonado 3,75 millones de prestaciones por Ertes entre el 16 de marzo y el 31 de mayo, aunque hubo grandes retrasos. El número de prestaciones es mayor al de los trabajadores afectados, ya que unos 3,39 millones de empleados se vieron afectados por más de un expediente.

 

Las medidas del Real Decreto contemplaban también el aplazamiento del impuesto del valor añadido (IVA) y de las cuotas de la Seguridad Social, una decisión que desde el sector siempre se ha considerado insuficiente. “Los efectos económicos serán similares a los de una guerra y las soluciones tienen que estar a la altura de la situación. Si los ingresos que va a tener el comercio durante dos, tres o cuatro meses, son cero, vamos a ver muchas quiebras”, decía entonces Eduardo Zamácola, presidente de la Asociación Empresarial del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex). “O se toman medidas hiperdrásticas o va a ser una catástrofe”, repitió en junio en el Congreso de los Diputados.

 

Otra de las medidas a las que se acogió la práctica totalidad del sector fueron los créditos avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO). El 17 de marzo, el Gobierno aprobó una línea de avales de 100.000 millones de euros, que permitieron conceder, en sólo un mes, más de 4.550 millones de euros de financiación.

 

 

 

Eduarzo Zamácola, presidente de Acotex, pidió en una comparecencia en el Congreso de los Diputados medidas ‘hiperdrásticas’ para hacer frente a los efectos de la crisis

 

En mayo, Mango fue la primera gran empresa en anunciar un ICO. La compañía obtuvo dos créditos por un total de 240 millones de euros a tres años para “asegurar la liquidez de la compañía hasta 2023, y en particular la de los próximos meses”. En concreto, el grupo firmó un nuevo contrato de financiación por 200 millones de euros y un préstamo bilateral a tres años por 40 millones de euros con el banco francés Crédit Agricole.

 

El Corte Inglés también obtuvo el aval del ICO para emitir mil millones más de deuda en el Mercado Alternativo de Renta Fija (Marf), y Tendam obtuvo una financiación de 13,5 millones de euros también con el respaldo del Instituto de Crédito Oficial. El dueño de Cortefiel, que firmó el préstamo en mayo, explicó que la financiación serviría para “proteger la liquidez del grupo y tener un mayor margen en la gestión frente al impacto del Covid-19 en el negocio”. La financiación se componía de un crédito sindicado de 122,5 millones de euros y un crédito bilateral de diez millones de euros.

 

Pepe Jeans, por su parte, completó otra refinanciación de su actual crédito sindicado, que fue ampliado en 46,6 millones de euros. La operación contó con el aval del ICO y corrió a cargo de las catorce entidades financieras integrantes del sindicado, coliderado por Bbva, Santander y La Caixa. Como ya había sucedido en el anterior acuerdo con la banca, los accionistas de Pepe Jeans reforzaron la empresa con una inyección de recursos: M1, L Catterton y el equipo directivo del grupo suscribieron una ampliación de capital por valor de 30 millones de euros

 

También Gocco logró renegociar las condiciones de una deuda de siete millones de euros con su pool bancario, formado por Santander, Bbva, Bankia, Banco Sabadell, CaixaBank, Deutsche Bank y Bankinter. Como parte del acuerdo, los accionistas se comprometieron a la inyección de un millón de euros en la empresa a través de una ampliación de capital.

 

 

El precio de los alquileres fue el tercer eje de negociación para el comercio, que permaneció cerrado durante más de dos meses

 

 

Salvada la sangría de gastos con los Ertes y con caja gracias a los ICOs llegó el momento de negociar otros de los costes que más pesan en la cuenta de pérdidas y ganancias: los alquileres. La moda aprendió a decir rebus sic stantibus, una locución latina que significa “así las cosas”, y con la que los inquilinos argumentaban que, si las tiendas no podían abrir, tampoco debían pagarse las rentas. Las negociaciones fueron tensas y en muchos casos terminaron sin acuerdo, al menos en una primera etapa.

 

Uno de los primeros propietarios en desmarcarse y ofrecer bonificaciones fue Merlin, dueño de centros comerciales como X Madrid, que propuso bonificar las rentas al 60% en junio e ir reduciendo el descuento un 10% cada mes, de manera que se volvería a la normalidad en enero de 2021.

 

La reapertura

Igual que en un cuento infantil en el que el final feliz coincide con la llegada de la primavera, la moda comenzó a ver la luz al final del túnel en mayo, cuando comenzó el plan de desescalada y las tiendas pudieron, por fin, volver a abrir. La primera fase comenzó el 4 de mayo, cuando España entró en fase 0 y se permitió la reapertura sólo con cita previa. Tras dos meses de confinamiento y cierre, las primeras experiencias en las tiendas ya dejaban claro que el mundo había cambiado. Gigantes como Inditex, el mismo grupo que extendió el autoservicio y puso de moda las macrotiendas abarrotadas, se sumaron a la cita previa para comenzar a dar salida al stock y probar aquel mundo nuevo de mamparas, geles y mascarillas, aunque entonces no eran todavía obligatorias.

 

 

 

Las tiendas reabrieron en medio de una polémica estatal, después de que el Gobierno anunciara medidas como la limitación de las rebajas o la desinfección de ropa.

 

Con la reapertura llegó también el caos normativo en dos frentes: la desinfección y las rebajas. En un primer momento, el Gobierno prohibió, pese a la negativa del Ministerio de comercio y la oposición en bloque de todo el sector de la moda, que se realizaran descuentos para evitar aglomeraciones, pero terminó dando marcha atrás. El Ejecutivo obligaba, además de a regular el tráfico, a mantener la distancia de seguridad e instalar mamparas y otros elementos, a desinfectar la ropa si era probada o devuelta. ¿Cómo? Nadie lo sabía. Algunas tiendas optaron por aplicar vapor con las mismas herramientas que se usan para planchar la ropa. Otras, invirtieron en luces ultravioletas que hoy han caído en desuso.

 

El otro foco de conflicto fue la definición de pequeño o gran establecimiento. Después de una comparecencia en la que el Sánchez habló de permitir, en una primera fase, la apertura del “pequeño comercio excepto los grandes centros comerciales”, acabó fijándose la barrera en 400 metros cuadrados. El Corte Inglés y las macrotiendas pudieron abrir en fase 1 acotando esa superficie, y los centros comerciales tuvieron que esperar hasta la fase 3.

 

 

Varias compañías se pusieron a disposición del Gobierno para producir material sanitario

 

 

No todo fue negativo en la primera oleada. La moda también puso al servicio del Gobierno su músculo industrial y logístico para suplir lo que entonces era también una crisis de suministro. El 15 de marzo, el Gobierno dio un plazo de 48 horas a todas las industrias del país con stock o capacidad para producir equipos de protección individual (EPIs) o geles hidroalcohólicos para poner al servicio público su fuerza productiva, y la industria respondió en bloque.

 

Textil Santanderina, Lakidain, Textil A. Ortiz, Callaghan, Sedatex o Nylstar acudieron a la llamada, algunas invirtiendo para adaptar sus fábricas a las nuevas necesidades. También se pusieron a disposición estatal los grupos de perfumería Mixer&Pack o Puig, produciendo geles. La imagen del cargamento de material sanitario donado por Inditex (300.000 mascarillas de uso quirúrgico, entre otros artículos) dio la vuelta España, pero fue sólo una de las muchas acciones llevadas a cabo por el sector. Tendam y Mango fueron otros de los grandes grupos que donaron material y pusieron a disposición del Gobierno toda su capacidad logística.

 

Otra de las notas positivas que deja el año son las muestras de colaboración y alianzas entre grupos competidores. Una de las primeras en ponerlo en marcha fue Douglas, que puso su web al servicio de terceros durante la crisis. En España, replicó la medida El Ganso, que lanzó en abril un marketplace de diferentes sectores. Aunque el anuncio que sorprendió al sector en 2020 fue el de la alianza de Tendam con dos gigantes internacionales del sector, Levi Strauss y Bestseller, para distribuir sus marcas a través de las plataformas de ecommerce de Cortefiel, Women’Secret y Springfield.

 

 

La segunda ola del coronavirus abocó al sector de la moda, de nuevo, al cierre de tiendas

 

Para cuando se levantó el estado de alarma y comenzó la nueva normalidad, la moda estaba lista para arrancar motores de nuevo, aunque fuera sin probadores, sin turistas y con tanto stock como para llenar dos veranos seguidos. El verano fue malo, pero no tanto como lo que vino después. En octubre llegó un nuevo repunte de contagios y con él regresaron de nuevo las restricciones, las lecturas obligatorias del BOE, los cierres y, también, los Erte.

 

El primero en anunciarlo fue el grupo sueco H&M, que presentó un expediente de fuerza mayor en Cataluña después de que la Generalitat decretara el cierre de tiendas en centros comerciales y la limitación del espacio y el aforo en el resto de comercios.

 

Tras el gigante sueco, también El Corte Inglés y Mango recurrieron a ese mecanismo para ajustar sus plantillas en Cataluña, Asturias, Castilla y León y, más tarde, Granada, donde se decretaron medidas similares. Primark también comenzó negociaciones para aplicar un Erte de fuerza mayor, pero tras no llegar a un acuerdo con los sindicatos presentó uno por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (Etop).

 

 

Gobierno y empresas pactaron la creación de tres tipos de Erte

 

 

Justo antes de la segunda ola y a pocos días de que venciera el acuerdo de los Ertes de fuerza mayor de primavera, el Gobierno y los actores sociales pactaron la creación de tres tipos de Erte para adaptarlos al nuevo contexto. El primero eran los Ertes de sectores especialmente afectados por la pandemia. En la lista figuraban códigos nacionales de actividades económicas (Cnae) como el comercio al por mayor de cueros y pieles, el alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico, la fabricación de artículos de bisutería y artículos similares, la fabricación de artículos de joyería y similares y el lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

 

El segundo tipo eran los Erte de impedimento, para aquellos lugares en los que se decretara un nuevo cierre de los negocios. El tercero, de limitación de actividad, era aplicable en territorios en los que exista algún tipo de limitación o restricción a la movilidad, sin que fuera obligatorio el cierre total. También se mantenían los Ertes Etop y los de fuerza mayor. Todos estos expedientes se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero, salvo que cada empresa quiera empezar a retirarlos antes. A 17 de noviembre, la Seguridad Social tenía constancia de un total de 707.673 empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo, más de 100.000 nuevos suspendidos respecto al cierre de octubre.

 

El último paso en la crónica de esta crisis que sigue en marcha han sido los cierres. Aunque los concursos y liquidaciones de empresas españolas son todavía pocos (un real decreto de primavera prohibía instar concursos en 2020), varias compañías internacionales han comenzado a deshacer posiciones en el país. Es el caso de G-Star, que llevó a los juzgados su filial para retail en España, G-Star Retail, y redujo notablemente su red de distribución en el mercado español. Gas, por su parte, también llevó a liquidación la sociedad con la que operaba en el país, un año después de que su matriz fuera a concurso. El último fue Petit Bateau, que echó el cierre a todas sus tiendas propias y oficinas en el país.