El amargo final de Caramelo

La de Caramelo va camino de convertirse en una historia empresarial de las de no dormir, en la que políticos y sindicatos también tienen un triste papel protagonista. El grupo gallego de moda se encuentra en una situación de la que parece difícil prever una salida positiva: la empresa ha iniciado los trámites para presentar concurso de acreedores; 24 trabajadores están en despido disciplinario por nada menos que haber dañado género y mobiliario de la fábrica de A Coruña, y el Gobierno autonómico del PP que, recién llegado, puede ver cómo acaba heredando una empresa inviable, que acumula grandes pérdidas y que socialmente es todo un polvorín. ¿Cómo ha llegado la empresa a esta situación? Javier Cañás, fundador de la firma, abandonó la empresa en 2005 y el pasado marzo dio su opinión sobre la situación de Caramelo. En una entrevista declaró que "los cambios se hicieron para ver si la empresa podía crecer el 50% anual en lugar del 15%. ¿Que no ha salido? Pues no puedo entrar en el por qué. Y no me siento culpable de esta situación". La auditora Ernst & Young, que se ha encargado de supervisar las cuentas de la compañía de los últimos años, da una respuesta más clara. La crisis de Caramelo, dice la auditora, responde a que no ejecutaron los cambios que exigía el mercado textil al comienzo de esta década y a "su mala aplicación años después, agravado por la situación económica".Llegado 2009, la compañía encontró a un inversor dispuesto a apostar por ella: Manuel Jové, antiguo presidente de la inmobiliaria Fadesa y uno de los hombres más ricos del mundo. El empresario fichó a un viejo conocido del sector, Fernando Maudo, ex consejero delegado de Coronel Tapioca, para sacar a la empresa de unos números rojos que en 2008 habían llegado a los 29,9 millones de euros. Maudo diseñó un plan ambicioso, que suponía dar la vuelta a Caramelo de arriba abajo. La Xunta de Galicia, controlada por aquel entonces por el PSG y el BNG, permaneció como socio de Caramelo con un 7,5% del capital, a través de la sociedad pública, mientras que el otro 92,5% está en manos de Iveravante, el holding inversor de Jové. La participación del Gobierno gallego, sin embargo, se ha revelado en las últimas semanas mucho más importante, con 21 millones de euros en préstamos de una deuda total de 60 millones. La hoja de ruta trazada por Maudo era todo un ejercicio de ambición y exigencia para el equipo gestor. A largo plazo, las intenciones de la compañía pasaban por desplazar la producción fuera de España y mantener en Galicia las tareas de mayor valor añadido, esto es, diseño, patronaje, administración y márketing. Por el lado de los gastos, los recortes iban a llegar a 22 millones de euros, poniendo el foco el personal, las compras, las devoluciones y hasta los alquileres, entre otras áreas. Por el lado del crecimiento, la estrategia pasaba por el mercado internacional y por incrementar la red de franquicias y de la presencia en el canal multimarca. El punto de partida de Caramelo no era malo. La compañía, que controla las marcas Caramelo, Caramelo Jeans y Antonio Pernas, ya está presente en 28 países, tiene 60 establecimientos (propios y franquicias) y está en 800 establecimientos multimarca. Además, Jové estaba dispuesto a poner más dinero de su bolsillo para llevar este plan a buen término, con la inyección de 16,4 millones de euros en dos años. La inversión, sin embargo, estaba condicionada a que su plan de viabilidad, que incluía un expediente de regulación de empleo (ERE) para despedir a 237 de sus 837 trabajadores, llegaba a buen puerto.Como ocurre en estos casos, será difícil aclarar nunca qué enturbió las negociaciones entre la empresa y los sindicatos. Al final, el ERE fue rechazado por la Xunta de Galicia en mitad de una fuerte presión de los sindicatos, cuyas movilizaciones llegaron a su momento más penoso la semana pasada, con los incidentes registrados en la fábrica de A Coruña, en los que estaban implicados seis miembros del comité de empresa. Por mala comunicación o intransigencia de unos o poca capacidad o voluntad de comprensión de los otros, la corresponsabilidad y trabajo conjunto que debería imperar en las relaciones laborales no han funcionado en Caramelo. Ahora, la empresa ha realizado el anuncio de insolvencia, paso previo a la suspensión de pagos, que podría terminar por el cierre y desmantelamiento de la compañía, con 837 trabajadores en riesgo de terminar en el paro, o en una extraña nacionalización, por la que la Xunta, como acreedora principal de Caramelo, acabase asumiendo su control. La Administración gallega otorgó a Caramelo 30,5 millones en créditos, avales y capital. Sólo la prometida mediación de la Xunta, manifiestamente insuficiente hasta ahora, podría llevar a unos sindicatos radicalizados a aceptar despidos para garantizar la viabilidad de la empresa. Por su parte, Caramelo podría ahondar en las propuestas de prejubilaciones y bajas voluntarias incentivadas a las que se abrió durante las negociaciones.